Estatuto de capitalidad
UN COLEGA y buen amigo me recriminaba no hace mucho hablar de Valladolid como capital de Castilla y León. Es cierto que el Estatuto de Autonomía no contempla capital alguna, pero también lo es que se tiende a considerar como tal a la ciudad que alberga los órganos de decisión política, y en Valladolid están las principales instituciones del Ejecutivo y el Legislativo. «Toda comunidad política tiene su capital, incluso aunque sus normas fundamentales no aludan a esta cuestión expresamente», dice el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Jorge Agudo González en un artículo en Cuadernos de Derecho Local. En cualquier caso, mientras el asunto se mantiene solo en el plano emocional, el que se considere que existe o no capital con uno u otro argumento no genera ningún problema. Pero cuando hay dinero por medio, la cosa cambia. Casualmente, unos días después de la conversación con mi amigo, salió el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, reclamando más dinero para su ciudad entre otras cosas por ser la capital de facto de la Comunidad. Aquí, como se ha visto, ya hay lío. Lo que reclama Puente, en definitiva, es un estatuto de capitalidad como el que tienen otras capitales autonómicas, entre ellas Logroño, Mérida, Palma de Mallorca, Vitoria o Zaragoza. Otras lo han intentado sin éxito, como Santander, donde el ex ministro Íñigo de la Serna fracasó en su empeño, u Oviedo, donde tampoco lo consiguió Gabino de Lorenzo. Las capitales con estatuto tienen una compensación económica que va desde los dos millones de euros anuales de Mérida a los diez millones de Vitoria. Es lo que reclama Puente, compensación por los costes de ser capital, pero lo ha hecho de la peor forma posible, en un periodo electoral, y explicado de manera que el resto de las provincias solo han podido ver un incremento del ya grave desequilibrio territorial de Castilla y León. Así que la polémica solo podrá servirle para arañar votos en su ciudad, pero a costa de incomodar a todos los demás, incluidos sus propios correligionarios de otras provincias. La imagen de Valladolid en el resto de Castilla y León tampoco ha salido beneficiada, ya que incrementa la visión de una ciudad privilegiada en detrimento de las ochos provincias restantes. Porque también es innegable que los costes que tenga Valladolid como capital de facto son inferiores a los beneficios que le reporta a la zona más desarrollada de una Comunidad donde hay demasiados olvidados y en la que las brechas económicas siguen al alza.