Fondos para desempleados que no se pueden desperdiciar
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ha revelado en un informe del pasado diciembre que Castilla y León no llegó a ejecutar ni un euro de los fondos traspasados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, destinados a parados de larga duración a lo largo de ese año. La cuantía sin gastar por parte de la Junta de Castilla y León no es precisamente menor, ya que ascendía a 5,5 millones de euros dirigidos a tratar de sacar de las listas del paro a trabajadores que llevaban sin empleo más de dos años.
El informe del órgano de fiscalización del Estado sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo (PAE) reprocha la «escasa ejecución y eficacia» de un programa que tenía carácter específico, extraordinario y temporal, que surgió en 2015, y se prorrogó de forma sucesiva hasta abril del pasado año. El Tribunal, sin embargo, no atribuye toda la responsabilidad a la Administración autonómica, sino que también la reparte con el Gobierno. La razón es que el traspaso de los fondos a las autonomías no se llevó a cabo hasta noviembre y diciembre de 2015, por lo tanto, casi con el año vencido, lo que explicaría el limitado nivel de ejecución que se produjo en el conjunto del país.
Otro motivo que encuentra el Tribunal de Cuentas fue la «desacertada estimación» de cuántos podrían ser los potenciales beneficiarios del programa.
Lo cierto es que, por una razón o por otra, o por ambas, dos tercios de los 128,88 millones asignados al PAE no llegaron a gastarse. En concreto, solo se destinaron a este programa para parados de larga duración 43,8 millones de euros, el 34,12%.
Pero pese al retraso del Gobierno en asignar los fondos a las autonomías, lo cierto es que la mayoría los ejecutó en mayor o menor medida, a excepción de Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Los tres gobiernos autonómicos argumentaron que no habían llegado a hacer uso del dinero transferido debido al «retraso en la materialización de los fondos». Pero lo cierto es que comunidades como Cantabria o Navarra llegaron a comprometer el cien por cien de los fondos y otras, como Canarias o Cataluña superaron el 90%.
Ni el Gobierno estuvo acertado en el diseño del programa, y mucho menos a la hora de distribuir las ayudas con tanto retraso, ni la Junta de Castilla y León fue eficiente en la ejecución de estos fondos para que los parados de larga duración volvieran al mercado de trabajo. Si, como se ha visto, algunas comunidades cumplieron, podría haber hecho otro tanto. Estas subvenciones no pueden desperdiciarse cuando son tantos los desempleados que se encuentran en situación precaria y sin expectativas de trabajo.