Servicios financieros para mantener vivo el mundo rural
UN ESTUDIO de directivos del Banco de España con datos oficiales revela que Castilla y León es la Comunidad autónoma con mayor número de municipios sin oficina bancaria y, lo que es más importante, es la región con más porcentaje de población amenazada de exclusión financiera al carecer de sucursales físicas donde conseguir dinero en efectivo. La crisis económica y la financiera han agudizado este proceso, al tiempo que han provocado el cierre de más de mil oficinas en la Comunidad.
Ante este fenómeno que deja a más de 350.000 ciudadanos de esta región, el 15% de la población, sin servicios físicos para conseguir dinero en efectivo, algunas entidades han adoptado medidas como la de trasladar «oficinas móviles» e incluso agentes a los pueblos. Pero la realidad es que no llegan a todos los municipios, máxime con la atomización y dispersión geográfica que caracteriza a esta Comunidad.
La ausencia de servicios financieros en el mundo rural es causa y consecuencia del proceso de despoblación, al tiempo que pone de manifiesto otro fenómeno de desigualdad de oportunidades respecto al mundo urbano.
La intensa reconversión que ha vivido este sector en España y en Castilla y León, con la desaparición de las cajas de ahorro, ha agudizado este proceso de desaparición de las oficinas, máxime cuando la función social de las cajas ponía freno a la exclusión financiera antes de su conversión en bancos. El hecho de que se hayan ido cerrando oficinas es un síntoma más de la degradación económica de estos municipios. Como dice una alcaldesa de un pueblo de León ya no hay donde gastar.
Se trata de un fenómeno muy ligado a la lacerante despoblación que lleva a esta Comunidad a registrar el segundo saldo vegetativo más bajo de España.
No obstante, al igual que en el fenómeno demográfico, los desequilibrios provinciales se ven reflejados también en el mapa de municipios sin bancos, donde el oeste regional, y sobre todo Salamanca y Zamora, junto a Ávila, se llevan la palma de la exclusión. Un fenómeno similar ocurre en la crisis demográfica; de nuevo el oeste, con León incluido, presenta las peores cifras de población.
Abordar estos desequilibrios financieros y demográficos debe hacerse ahondando en sus causas con el fin de tomar medidas que no sólo los frenen la tendencia, sino que contribuyan a asentar población, generar actividad y empleo, y por lo tanto a dotar de servicios a las zonas rurales.
A neutralizar estas desigualdades debería contribuir la extensión a las zonas rurales de la banda anda de internet. Ayuntamientos, diputaciones y administraciones autonómica y central deben tomar medidas urgentes y el sector bancario debería impulsar actuaciones para que el mundo rural tenga esos servicios que tiene el urbano.