Hacia una fiscalidad que evite perjudicar el territorio
EL DEBATE SOBRE los impuestos, subidas y bajadas, cómo y a qué grupos se platean, está muy de actualidad. Y mucho más que lo va a estar en cuanto arranque la inmimente campaña electoral de cara a las municipales y autonómicas, cuando no ya en la precampaña permanente en la que viven los partidos y los políticos.
Lo realmente importante debería ser, al go que se plantea en los diferentes Consejos de Política Fiscal y Financiera y que se puso encima de la mesa en la última Conferencia de Presidentes de 2017, es una regulación clara a nivel estatal para evitar la lucha entre comunidades con los impuestos.
En el ideario de PSOE, Podemos, IU, CC.OO y UGT, al menos en ese memorando fiscal que acaban de firmar, se fijan en la escasez de ingresos autónomicos con los que cuenta la Comunidad. Una visión, que comparten PSOE, Podemos, IUCyL, CCOO y UGT –y que rechazan PPy Ciudadanos–, y ante la que sólo queda, a su juicio, una salida: «Revisar las reglas fiscales actuales» e impulsar «un nuevo modelo» en el que «quien más tenga, más gane o más herede, más contribuya al sostenimiento de las arcas públicas».
Y ante eso, comparten la misma idea, que la Comunidad haga uso de su competencia autonómica y realice una reforma fiscal «en profundidad», con un modelo «más progresivo y, en consecuencia, más justo». Pero difieren en las cifras; ni en tipos máximos, ni mínimos, ni siquiera en los tramos. De ahí que el pacto fiscal que suscribieron todos ellos en el mes de julio no profundice en propuestas concretas y comunes. Cada uno ha echado sus cuentas. Así PSOE y Podemos comparten incrementar el número de tramos del IRPF autonómico –Izquierda Unida los deja en los cinco actuales–, y subir los tipos aplicables a partir de los 50.000 euros. Izquierda Unida, por su parte, no habla de aumentar tramos. Sólo mantendría inmóvil el tipo impositivo del primer tramo (hasta los 12.450), a partir de ahí, subida.
Los firmantes del pacto piden, en paralelo, una «detallada revisión de todo tipo de deducciones y bonificaciones» y que estas sean sustituidas por ayudas directas vinculadas al nivel de renta de los contribuyentes. Para los tres partidos, el impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) actual es «injusto, al renunciar a la progresividad».
Más allá de estas cifras, de lo que plantean unos y otros, y sin entrar a valorarlas, lo que debe exigirse es que cualquier reforma de la fiscalidad, sea la que sea, se plantee la que se plantee, tiene que basarse en dos cuestiones claras: no perjudicar al ciudadano y, a reglón seguido, al territorio. De ahí que sea necesario que se trabaje hacia una armonización fiscal y evitar así la competencia, a veces desleal, que hacen algunas comunidades y que sufren otras, en este caso Castilla y León.