Diario de Valladolid

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CON un retraso de siete años, alguien leyó los compromisos de las operadoras tecnológicas y ha puesto plazo para el despliegue de una red que garantice el acceso a internet en los pueblos a una velocidad mínima de 30 megabits por segundo. Según el INE, un 20% de los hogares de Castilla y León carecen de acceso a este servicio, tan esencial o más que las grandes redes asfálticas y ferroviarias. Lo teníamos pagado, pero los alipendes ministeriales miraban para otro lado, con tal de no molestar a las concesionarias en deuda.

Y no sólo miraban para otro lado, sino que estaban dispuestos a volver a pagar con el dinero de todos un sucedáneo del servicio contratado, a cambio de festejos propagandísticos, como el protagonizado por Rajoy en Teruel el pasado marzo con la enseña de Plan 300 x100 y un colgante de 525 millones de euros. Venga a regar con millones, y que no pare de verter la aceitera, que ya sabrán los listos aprovechar lo que sobre.

Con este panorama, llegó a la Secretaría de Estado para el Avance Digital Francisco Polo, amortizando al santanderino Lassalle, dedicado con todos sus afanes a decorarse como pensador liberal. Su ocupación nunca fue aplicar los compromisos de la Agenda Digital, sino otros más líricos, y para eso desplazó a Rajoy hasta Teruel a pregonar un invento con más de 500 millones en la cucaña.

El objetivo de aquella expedición al núcleo de la España vacía fue «extender la banda ancha a todos los municipios españoles antes de 2021, para conectar al 95% de la población». Con un olvido decisivo: que el pago a Telefónica, Vodafone y Orange estaba hecho desde 2011, cuando recibieron las licencias 4G de telefonía móvil, obligándose a extender la banda ancha veloz a los millones de personas que sobreviven en el ámbito rural. Activado el plan, en el boletín del 8 de noviembre, las operadoras han contratado a la consultora que diseñe el reparto territorial entre el trío operativo obligado a dar cobertura, cuidando evitar que esta parcelación derive en monopolios rurales que dificulten la competencia minorista.

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