La multa a Garoña sella la tumba de un recurso sin repuesto
NUCLENOR, la empresa propietaria de la central de Santa María de Garoña, «respeta» y «acata» la resolución del Tribunal Supremo que ratifica la condena a pagar 18 millones de euros por el cierre unilateral de la nuclear burgalesa. Un fallo judicial que viene a poner la losa sobre la tumba de esa instalación del Valle de Tobalina, pero que también contribuye a señalar a la empresa como la responsable «unilateral» de un cierre del que también tienen culpa otros muchos estamentos. Un cierre que deja a una comarca huérfana de su único referente industrial y ávida de un plan de desarrollo real.
La muerte de Garoña llega tras una sucesión de disputas que comienzan en el cuadrilátero de la política y concluye en la arena de la crisis económica. Un Gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero firma la sentencia de la central negando la oportunidad de extender su vida útil más allá del plazo concedido. El Consejo de Seguridad Nuclear, un órgano teóricamente técnico que sin embargo replica el juego de la política entre los dos principales partidos, no fue capaz de hacer valer su diagnóstico de que Garoña estaba en condiciones de seguridad para operar, emitido con el voto contrario de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ex ministra de Medio Ambiente y consejera del CSN. Garoña no tenía futuro. Como tampoco lo tuvo el Plan Reindus ideado por el PSOE para compensar la pérdida de la influencia de la nuclear burgalesa sobre las poblaciones del Valle de Tobalina.
La central quedó parada durante meses y llegó el momento en el que Mariano Rajoy, ya desde el Gobierno, incumpliera la promesa realizada a los trabajadores de Garoña en una visita a la central de hacer lo posible por volver a poner en funcionamiento el reactor. Muy al contrario, fueron las disposiciones fiscales emitidas por el PP claramente las que desanimaron por completo a Iberdrola, que junto a Endesa se reparte la propiedad de Nuclenor y Garoña, que empezó a tirar de la cuerda en público amenazando con el cierre definitivo, que llegaría poco más de un año después.
Ese cierre patronal, teóricamente mientras el ministerio seguía dando vueltas al futuro de la central es el que ahora le cuesta 18 millones a la empresa, por no haber seguido el procedimiento, falta de comunicación adecuada y otros tecnicismos que ocultan el alivio gubernamental por el cierre definitivo. La central burgalesa sale del tapete político, no volverá a reflotar en campaña electoral ni a evidenciar los discursos contrapuestos de PP y PSOE en Burgos y en las comunidades vecinas.
Esa tranquilidad se lleva por delante una fuente de energía segura, amortizada y barata. Lo que no deja es un plan de desarrollo económico para una comarca que ve venir un invierno económico como el que sufren las cuencas mineras, con la privación de su principal industria y, lo que es peor, de nuevo sin un plan alternativo desde Madrid para esta tierra.