Discriminación para todos

EL PRESIDENTE de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, afirmaba en un entrevista publicada en estas páginas que la despoblación «tiene muy poca solución», por lo que propone centrarse en las ciudades. El mensaje no es de ánimo para quienes luchan por mantener la vida en el medio rural, que además sigue cumpliendo una función esencial. Pero hay algo de cierto en lo que decía y algunos pueblos están condenados irremediablemente. El problema es dónde se pone el límite para realizar el esfuerzo para evitar la desertización humana, en las ciudades de las que habla Caramanzana o en las cabeceras de comarca por las que apuestan otros, lo que en cualquier caso no debería servir para abandonar a quienes optan por resistir en pequeños pueblos a costa de que muchos servicios les cuesten más que a los urbanitas, aunque solo sea por los kilómetros que tienen que recorrer para ir a los lugares donde los pueden conseguir. Independientemente del objetivo marcado, lo cierto es que quienes luchan contra la despoblación sobre el terreno, no desde despachos de las grandes capitales, necesitan ayuda.

En Soria se reclama hace tiempo discriminación positiva, en materia fiscal o de subvenciones. Ahora, cada vez son más los territorios que piden lo mismo, como Zamora o León. Sin que haya llegado a producirse, esa discriminación beneficiosa se diluye desde el momento en que se empieza a pretender que sea para todos. Por ello, quizá haya que superar, en algunos casos, las demarcaciones administrativas tradicionales. Porque, por ejemplo, Castilla y León es una comunidad que sufre claramente la despoblación, pero los problemas son muy dispares por provincias y dentro de estas por comarcas o núcleos de población. Por ello, es necesario un cambio en los criterios administrativos y, sobre todo, lograr que sean los propios afectados los que gestionen las ayudas. Pero esto es muy difícil. El alcalde del municipio soriano de Navaleno, Paulino Herrero, suele comentar, citando a la catedrática Mercedes Molina, que la Junta de Castilla y León, hace años, presentó un contrainforme a una propuesta comunitaria que pretendía que los fondos europeos se destinaran de forma preferente en las zonas afectadas por la despoblación. La Junta argumentaba, más o menos, que el problema era de todos y que la administración autonómica ya se encargaba de repartir. En las zonas despobladas saben muy bien cómo es el reparto y denuncian sufrir la discriminación contraria a la que reclaman.