Excesos urbanísticos con la recalificación del suelo
EN MENOS de una semana vence el plazo para que se acaben definitivamente las expectativas de construir hasta un millón de viviendas en 73 municipios de Castilla y León. Son esos que recalificaron cientos de hectáreas en conjunto para atraer a hipotéticos promotores de pisos o polígonos que la burbuja inmobiliaria y el sentido común terminó por poner coto a unos planes que ahora más que nunca se manifiestan como irreales.
Eran épocas de ‘vacas gordas’ con una normativa que daba vía libre a casi todo lo que fuera construcción, sin ningún viso de realidad o de una ordenada planificación.
Muchos alcaldes pensaban así en el progreso de su municipio con la intención de atraer población y crear unas condiciones de desarrollo que ignoraban otros ámbitos para asegurar la pervivencia de sus habitantes, evitar fugas y elevar los recursos públicos.
Con el beneplácito de las administraciones y el apoyo normativo se inició una carrera para ver quién construía más. Hoy la propia legislación pone fin a aquellos excesos y demuestra con hechos contundentes que aquella exagerada recalificación no tenía demasiados fundamentos.
El próximo 19 de octubre acaba el plazo para dar viabilidad a aquellos cambios de uso del suelo. Al no ser viables, la Ley urbanística anulará nada menos que 155 sectores de suelo urbanizable y convertirá 25.000 hectáreas en suelo rústico por falta de esos proyectos viables.
Los ayuntamientos, la Administración autonómica y los promotores deberían aprender la lección. Sobre todo, porque toda esa loca carrera, en alianza con una crisis financiera sin precedentes, ha tirado por tierra numerosos proyectos y ha contribuido a empobrecer a muchas familias y a rebajar considerablemente las arcas públicas por unas expectativas falsas.
En Castilla y León hay miles de pisos vacíos y numerosos polígonos carentes de actividad. Actuaciones que antepongan intereses especulativos o proyectos irreales de obtener ingresos para las arcas públicas no son de sentido común.
La financiación de los ayuntamiento y el sostenimiento de las arcas públicas municipales debe llegar de la mano de una financiación adecuada, asignatura pendiente del Gobierno sobre todo con un ámbito administrativo que ha sido capaz como ninguno de cumplir con las leyes de estabilidad presupuestaria.
Pero tampoco tiene sentido proyectar planes de vivienda que multipliquen las necesidad reales de la población. El sostenimiento en niveles bajos de los tipos de interés ha provocado un nuevo fenómeno de utilizar la vivienda como inversión alternativa y eso puede contribuir a elevar los precios en medio de un considerable aumento de los del alquiler.Aprender de los excesos urbanísticos con las recalificaciones es hoy una necesidad.