Cambios imprescindibles en la nueva ley de Cámaras

LOS GRUPOS de la oposición parlamentaria en las Cortes han planteado enmiendas al proyecto de ley de Cámaras de Comercio de Castilla y León que pretenden corregir errores e indefiniciones importantes que presenta el documento remitido por la Junta al Parlamento regional.

Hay dos obviedades relevantes que no se le escapan a los grupos. Por una parte, la ausencia de compromisos concretos que garanticen la financiación estable que tendrán estas entidades de los Presupuestos de la Comunidad. Por otra, el exceso de poder que se atribuye a las grandes empresas en el nuevo Consejo Regional.

Al menos PSOE y Ciudadanos entienden que es necesario concretar los fondos presupuestarios para que las cámaras puedan funcionar con normalidad al menos en la prestación de servicios públicos. En ese sentido, el debate está en los criterios que deben establacerse a la hora de determinar las cuantía: si estrictamente proporcional a las empresas censadas, como platea Ciudadanos o hacerlo por horquillas para que las pequeñas tengan un mínimo garantizado. Convendría que estos criterios fueran consensuados con las cámaras atendiendo sobre todo a las funciones y servicios que ofrecerán.

Lo que resulta evidente es que el texto actual no es nada clarificador. Se trata de una norma muy ambigua que hace depender los recursos de la «disponibilidad presupuestaria».

De la misma forma que apelar sin más a que cuando se produzcan dos ejercicios negativos se abra la puerta a la extinción supone no entrar en las causas por las que una determinada cámara esté en pérdidas. De ahí que una de las enmiendas contemple que no se tenga en cuanta las amortizaciones de inversiones. Obviar esto puede suponer castigar a las entidades más inversoras.

Tiene todo el sentido del mundo que la oposición pretenda reducir el enorme peso de las grandes empresas en el Consejo. Cuestión distinta es que puedan tener voz. Darles 9 de los 27 vocales cuando apenas representan el 1% de las compañías en Castilla y León es excesivo.

Imprescindible será también acotar más y mejor las funciones de este Consejo y sobre todo clarificar si se pretende crear una gran cámara con servicios directos o un órgano de coordinación y cooperación.Podrá ser interlocutor con la Administración, pero no el único y menos soslayando a las cámaras.

Convendría también dar un plus de transparencia en las retribuciones con el fin de que no sean cotos cerrados sobre ingresos y pagos. Si se financian con fondos público todo tiene que ser absolutamente transparente.

Empieza ahora un debate que puede y debe mejorar sustancialmente el proyecto para que las cámaras estén al servicio de las empresas y sobre todo de la sociedad. Corregir las indefiniciiones y los errores es imprescindible.