Avances insuficientes en la inserción de la discapacidad
CASTILLA y León ha logrado un año récord en la contratación laboral de personas con discapacidad. La Comunidad encadena cino años de crecimiento del empleo y se sitúa en tercer lugar de España en porcentaje de empleo de este colectivo. Los casi 18.000 contratos en 2017 no tiene precedentes en la región y suponen casi el doble que los puestos de trabajo firmados al principio de la década.
Como dice el presidente regional de Cermi, Francisco Sardón, las iniciativas impulsadas «van dando sus frutos» y se camina en la buena dirección. Sin embargo, este avance positivo sin precedentes no puede ignorar que los resultados siguen siendo insuficientes y se requiere un mayor compromiso sobre todo de lso empresarios.
Y resulta insuficiente porque la tasa de paro de las personas con discapacidad supera el 26%, casi el doble que la tasa de desempleo del conjunto de la población activa. Además, las mujeres con discapacidad y los jóvenes sufren una doble discriminación. Los hombres se beneficiaron del 60% de los contratos, perpetuando así la brecha, mientras que solo el 6,3% de los puestos de trabajo firmados fueron a parar a personas menores de 25 años.
Por si esto fuera poco, las reticencias del sector privado a contratar a personas con discapacidad se mantienen. De ahí que el presidente de Cermi pida a la Inspección de Trabajo que intensifique los controles en las empresas con más de 50 trabajadores para que cumplan la ley y cuenten en sus plantillas al menos con el 2% de personas con discapacidad.
De hecho, parece que es el sector público el que más se ha implicado en este compromiso social, además de los Centros Especiales de Empleo, que son los que más puestos de trabajo acumulan.
El estigma que se mantiene con este colectivo es, lamentablemente, real, pese a que lso empresarios de Castilla y León que han optado por contratar a personas con discapacidad destacan su alto nivel de productividad y de implicación en la compañía.
Apostar por la integración laboral de este colectivo es contribuir a crear las condiciones necesarias de inclusión para desarrollar una vida digna. Y ese objetivo debería ser un reto prioritario y un compromiso con las personas más vulnerables.
Castilla y León debe seguir avanzando en la senda iniciada. La Administración autonómica está dando facilidades para la inclusión laboral y las empresas deberían tomar más conciencia, al tiempo que se deben superar lo antes posibles las discriminaciones por razón de genéro y edad. Atender a la formación de estas personas para afcilitar su integración es una condición necesaria para reducir las dificultades. Estamos en el camino acertado, pero hay que superar las pideras que algunos ponen para facilitar la vida a estas personas y a sus familias.