El ‘caso Lino’ obliga a un mayor control de las ayudas públicas
EL CASO DE Lino Rodríguez, expresidente de Asaja en Valladolid, demuestra que es necesario un mayor control de las subvenciones públicas por parte de las administraciones.
El hecho de que el sindicalista agrario haya dedicado casi siete millones de euros de ayudas públicas a especular en Bolsa y para gastos privados ajenos a la organización, como revela el informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía de Valladolid, pone de manifiesto que con su actuación excluyó a numerosos agricultores y ganaderos y a zonas necesitadas de cursos y formación, ya que son ayudas públicas que tenían este objetivo.
Se trata de fondos que procedían de la Administración central y de la autonómica; del antiguo Inem, del actual Sepe, de la ADE y del Eren.
El llamo ‘Caso Cebada’ obliga a ambas administraciones a analizar cómo fue posible este uso perverso de ayudas que tendrían que haber ido a parar a trabajadores del campo con el fin de actualizar sus conocimientos y modernizar las explotaciones.
En estos casos se hecho en falta más tranaparencia en el uso, destino y control de las ayudas públicas.
Llama la atención que a pequeños empresarios que reciben ayudas mucho menores se les impone a veces un control mucho más estricto que a las organizaciones agrarias y sindicales. Es público que existe una mayor presión, que roza la asfixia, sobre algunas micropymes por cantidades mucho menores, mientras que parece que con los sindicatos agrarios y los de clase hay una mayor relajación.
El ‘caso Lino’ pone de manifiesto también la arbitrariedad y falta de control interno de la propia organización, al no haber fiscalizado desde el principio a su máximo responsable.
El caso por supuesta apropieación de más de un millón de euros está en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid. La propia Policía Judicial señala en el análisis de las 26 cuentas corrientes de Asaja Valladolid que no se aprecia que exista una lógica mercantil en las operaciones, sino más bien ánimo de ocultación. Una demostración de este hecho se constata en el informe policial con la existencia de más de 95.000 euros en una caja de seguridad del Banco Popular.
En definitiva, será la Justicia la que determine finalmente los supuestos hechos delicitivos. Si bien, todo apunta a que se ha producido un uso irregular de fondos públicos que obliga a las administraciones a abordar con más exigencia el control de unos recursos que podrían haberse utilizado para formación para el empleo y se han quedado en manos privadas.