Razones de peso para impulsar las cooperativas
LA COMISIÓN europea concluyó en diciembre de 2015 en la necesidad de promocionar la economía social como motor clave del desarrollo económico y social. La Junta de Castilla y León ultima los trámites para presentar en las Cortes un nuevo proyecto de ley de Cooperativas que modifica 33 artículos, algunos de ellos de gran calado.
El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido su informe pidiendo a la Administración autonómica que establezca una supervisión adecuada de la ley para garantizar el fin social de las cooperativas y que promocione y prime a las agroalimentarias como contribución a fijar población en el medio rural. Al respecto, plantea que el nuevo texto precise las diferencias entre cooperativas agrarias y ganaderas y agroalimentarias toda vez que ha cambiado la denominación para llamar a todas agroalimentarias.
La aportación del CES tiene gran calado y sentido común. Sobre todo, porque no sólo es posible elevar la función social de las cooperativas si se lleva a cabo esa supervisión adecuada para no pervertir la finalidad de estas empresas, sino porque efectivamente están llamadas a contribuir a la crisis demográfica de las zonas rurales de Castilla y León si se toman las medidas adecuadas. Y lo están sobre todo, porque es un modelo donde las sociedades de capital tienen más recelos a la hora de desarrollar su actividad mercantil.
Es posible que esta recomendación delConsejo Económico y Social a la Junta vaya más allá de las competencias de la Consejería de Empleo, promotora del cambio legislativo, y afecte a Economía y Hacienda y a Agricultura y Ganadería. De eso se trata, de que la coordinación funcione, máxime cuando las competencias del desarrollo de la Agenda de Población corresponden al consejero de Empleo.
El peso del cooperativismo es aún relativamente pequeño en la Comunidad, pese a que su tradición es amplia. Las llamadas a reforzar su solvencia y su tamaño son adecuadas y necesarias para crecer con garantías de supervivencia.
El proyecto de ley debe mejorar en el trámite parlamentario. Incluso con propuestas del CES que han sido avaladas por sus representantes empresariales, agrarios y del mundo de las cooperativas.
La actualización de la normativa era necesaria. Va a permitir ganar en solvencia no sólo por elevar a 3.000 euros el capital social mínimo, sino por establecer nuevas vías de inyección de fondos. También por eliminar trámites burocráticos y apostar por la tramitación telemática, así como establecer el silencio administrativo negativo a la hora de su inscripción.
Ahora conviene dar más agilidad a un proceso excesivamente largo en la tramitación del proyecto con el fin de que la normativa entre en vigor y se cumplan los fines sociales y económicos para los que se conciben las cooperativas como motor de desarrollo.