Censo menguante

SACAR adelante un veinte por ciento del territorio nacional con los recursos asignados para algo menos del cinco por ciento de población supone un reto destinado al fracaso. De ahí la importancia de corregir aspectos cruciales como la financiación autonómica, para que considere las necesidades y los costes de una población mayor y dispersa, cuyos servicios básicos requieren un incremento en el desembolso presupuestario.

Únicamente a través de la corrección de los presupuestos públicos puede derivarse un mejor cuidado del mundo rural, porque los impulsos económicos privados responden a otros criterios bien dispares. Abundan los ejemplos. La mudanza del modelo territorial bancario, que arrastró a las antiguas Cajas de Ahorros, dejó al cabo de pocos meses un desierto de servicios en el medio rural, que se agrava con medidas irresponsables, como concentrar en una única entidad el cobro de multas extendidas por todo el territorio. Es lo que ha hecho Tráfico con sus sanciones, que antes se podían abonar en media docena de entidades y en la actualidad hay que cotizarlas en la Caixa catalana, que además aprovecha agosto para cerrar por vacaciones sus escasísimas oficinas rurales.

También el servicio público de Correos ha ido cerrando oficinas rurales o dejando algunas, como Riaño, con un horario de apertura durante una hora semanal. Desde luego, estas no son medidas que ayuden a superar la pendiente de la despoblación. Como tampoco lo son varios de los clichés circulantes, que tratan de ocultar la dimensión del problema. Un ejemplo es el recurso a la laponización, que aparte del sello despectivo, supone también un engaño. En Laponia viven menos de doscientas mil personas en un espacio superior al nuestro, pero nunca vivieron más. Por el contrario, Castilla y León ha ido perdiendo población en sucesivas oleadas migratorias, que llevaron lejos de su tierra al sector dotado de mayor vitalidad. En buena medida, eso ha ido ocurriendo con el desinterés de las administraciones públicas, que nunca se plantearon políticas eficientes para corregir desigualdades.