Medidas contra la exclusión financiera en el medio rural
LA CRISIS financiera se ha aliado con el deterioro demográfico y la baja densidad de población de Castilla y León para dejar a más de 363.000 habitantes del medio rural sin oficina bancaria. Representan el 14,7% de los habitantes de la Comunidad que viven en 1.731 municipios, el 77,7% del total.
Son los excluidos por el sector financiero que, sobre todo, con la desaparición de las cajas de ahorro han visto agudizar una situación hasta límites insospechados hace dos décadas.
El informe sobre ‘El acceso a los servicios bancarios de España’, recogido en una publicación de Cajamar, pone de manifiesto que Castilla y León es con gran diferencia la Comunidad autónoma más afectada por esta forma de exclusión financiera. Además, las provincias de la región lideran este ranking de municipios sin oficinas.
Esta situación puede agravarse en los próximos años con la más que previsible nueva reconversión del sector bancario que ya advierten la mayoría de analistas y que supondrá el cierre de nuevas sucursales y el despido de más trabajadores.
La exclusión financiera en el medio rural es ya algo más que una amenaza que se une al desplome demográfico, a la falta de expectativas de empleo, al deterioro de la sanidad y a las menores posibilidades en el ámbito educativo.
Se trata de otro servicio más que diferencia la vida y las oportunidades entre el ámbito rural y el urbano. No cabe duda de que las nuevas tecnologías contribuirán a suavizar algunos de los efectos adversos de esta exclusión financiera. Pero su rapidez y la incompleta llegada de internet a estas zonas dificulta y mucho el uso de las TIC a la hora de solventar la falta de servicios bancarios.
Además, el hecho de que las zonas rurales sufran un sobreenvejecimiento mayor y una menor población joven ponen de manifiesto las dificultades añadidas para que las nuevas tecnologías compensen de forma adecuada esta brusca salida de los bancos y cajas del entorno rural.
Por ello, las administraciones deben trabajar en varias direcciones para llenar este vacío e incluso aventurar alternativas inmediatas para los colectivos más perjudicados.
Y deberán hacerlo en colaboración con los bancos. Si ha sido posible que la práctica totalidad de las entidades financieras con notable implicación se pongan de acuerdo para cooperar en la llamada Lanzadera Financiera, deberían conjuntamente acordar alternativas para suavizar los efectos de esta exclusión bancaria.
Los datos de este informe y la realidad que describe deberían también llamar la atención sobre la velocidad con la que llegan las TIC al medio rural. Todos los expertos demográficos ven en este sector oportunidades de empleo para neutralizar los efectos de la despoblación y dotar de esperanza y confianza a los habitantes de los municipios menos poblados.