La trama eólica exige celeridad judicial y desbloqueo en las Cortes
LA FISCALÍA Anticorrupción ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid una querella por prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias contra 21 personas, entre ellas el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y el exdirector de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, por su implicación en el cobro de comisiones a cambio de autorizaciones para instalar parques eólicos en Castilla y León.
Con el respaldo del fiscal general del Estado, la querella implica a diferentes grupos empresariales que operan en la Comunidad, al tiempo que respalda buena parte de la denuncia presentada hace dos años por la Agencia Tributaria.
Anticorrupción avala el argumento de Hacienda que ya advirtió de que las autorizaciones se retrasaban pese a cumplir los requisitos y constata la ilegalidad de la decisión adoptada por Delgado para que fueran los viceconsejeros y no los directores quienes autorizaran la instalación de los parques. La querella constata que las comisiones pagadas llegaron a los 80 millones de euros.
El informe de la Agencia Tributaria provocó una tormenta política en la Comunidad y llevó a la constitución de una comisión de investigación parlamentaria que el PP ha bloqueado en los últimos meses.
La querella presentada ahora por la Fiscalía Anticorrupción confirma las presuntas irregularidades detectadas por Hacienda y obliga a la Justicia a actuar con celeridad y con rigor. Los hechos denunciados son tan graves que deben activarse todos los mecanismos para que la sociedad conozca lo ocurrido en la Consejería de Economía entre 2003 y 2011. Por una parte, el ámbito judicial, con el fin de que se identifique, y se castigue como se merecen, si los tribunales avalan el posible delito a los responsables de estos desmanes, siempre teniendo en cuente que el Estado de Derecho contempla la presunción de inocencia al igual que el rechazo a la corrupción; sobre todo en un momento en el que ésta adquiere ya tintes que rozan la alarma social.
La querella de Anticorrupción debe servir a la vez para activar la comisión de investigación de las Cortes. Los representantes de los ciudadanos y la sociedad deben conocer a fondo qué pasó y por qué fue posible que altos cargos de la Junta se beneficiaran presuntamente de su estatus, con la complicidad de empresas, para enriquecerse perjudicando a otras compañías con el retraso en las autorizaciones.
El Grupo Parlamentario Popular debe ser ya el primer interesado en desbloquear la investigación en el Parlamento y evitar las crecientes sospechas que provocan su actitud diletante de los últimos meses. La misma celeridad que pide a la Justicia debe asumirse para que la sociedad conozca las responsabilidades políticas de lo ocurrido.