Algo peor que una purga
HAY ALGO peor que castigar la disidencia en las relaciones personales, profesionales, laborales, sindicales o políticas. Vivimos tiempos de purgas más o menos conocidas en casi todo tipo de organizaciones. La discrepancia se castiga con demasiada frecuencia desde el poder. Decía Saramago, con mucho sentido común, que disentir es un derecho que falta en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando uno está en minoría lo ensalza y cuando controla la organización lo aplasta. Pero, como digo, hay algo peor que sancionar al disidente: intentar humillarle e impedir que se defienda. Eso sí que es vulnerar un derecho.
Y eso es lo que intentó sin éxito la Federación estatal de Enseñanza de CCOO. Hace un año contaba este periódico que esta federación había impuesto una gestora y había derrocado a la ejecutiva autonómica encabezada por Elena Fernández, la primera mujer que dirigía esta sectorial en la Comunidad. Una lluvia de expedientes cayó entonces sobre esta combativa sindicalista que, lejos de amilanarse, defendía con uñas y dientes algo más que sus derechos. Hasta ahí, algo habitual en las organizaciones sindicales donde seguramente hay razones y argumentos válidos por ambas partes, por más que no parezca demasiado democrático liquidar direcciones desde arriba que han sido elegidas desde abajo.
El colmo del llamado sindicalismo de clase se produce cuando la Federación de Enseñanza sanciona a Elena con dos años de suspensión de militancia por haber acudido al Tribunal Superior de Justicia para defender sus derechos. Un sindicato sanciona a alguien por defenderse. La paradoja era tan flagrante que, el viernes de la semana pasada y viendo el escándalo y el ridículo que implicaba una casi segura sentencia contraria, la federación estatal de CCOO aceptó ante el juez retirarle la sanción y le ofreció 1.700 euros por daños y perjuicios que pagarán los afiliados. Un reconocimiento claro de que el sindicato estaba vulnerando derechos fundamentales.
El colmo de quien intentó vulnerar el legítimo derecho a la defensa, no ya a la discrepancia, es que se trata de una dirección de la que forma parte un sindicalista que durante un tiempo se quejaba con amargura del trato que recibía de la ejecutiva autonómica de CCOO, Julio Serrano. Hay algo peor que una purga: impedir con sanciones y con intentos de humillación el derecho a la defensa. Cuando esto ocurre, y más en un sindicato, alguien ha perdido el juicio.