Las ayudas dadas obligan a ejercer un control sobre Nissan
CONTROL Y MÁS control. Eso es lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León con la multinacional Nissan y el futuro que quiera darle a su planta de fabricación en Ávila.
Una fábrica que, según los últimos datos hechos públicos, no sólo demuestra que puede producir, sino que su capacidad para hacerlo le permite aumentar la fabricación en el último año. Cifras que vienen a significar que la planta y sus trabajadores están preparados y capacitados para soportar más carga de trabajo y que sino la tienen es por una decisión, a todas luces incomprensible, de aquellos directivos que dirigen las acciones de la planta abulense.
Unos dirigentes a los que sólo se les ha oído para exigir del Ejecutivo autonómico más ayudas, a fin de desarrollar su futuro plan industrial. Aquel que vendría a darle estabilidad a la industria del automóvil en en Ávila. Eso sí, nada se les ha escuchado de hacia dónde caminan los pasos de ese plan, ni cuáles son sus objetivos. Tienen razón los trabajadores al calificar como desvergüenza el que vegan ahora reclamando más dinero, sin contraprestación alguna a cambio. Y, lo que es más importante, sin cumplir con lo que se habían comprometido, en palabras de los propios representantes de los trabajadores.
Hace bien el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en advertir a la multinacional que les reclamarán la devolución de la totalidad de las ayudas millonarias recibidas en los últimos años. Una contundencia, la del presidente del Ejecutivo autonómico, en la que no debe ceder un ápice, salvo que Nissan dé muestras claras y por escrito, negociado con la Administración autonómica y con los trabajadores, de su intención de mantener la actividad en la planta castellano y leonesa de Ávila.
Llegados a este punto, como bien señalan desde el comité de empresa, ya no valen palabras, por muy bien que suenen. Los trabajadores, Avila y Castilla y León exigen lo que se merecen: una apuesta clara por parte de la multinacional del automóvil para la planta de la capital abulense.
Sólo así las administraciones, porque en esta tarea la Junta y el Gobierno deben ir de la mano, darán ese paso al frente en forma de esa ayuda que sirva de cimiento para ese nuevo plan industrial. Eso sí, sipre supervisado, siempre controlado.
Una vigilancia que se debería venir ejerciendo desde hace años, pero que en este momento y llegados a este punto es obligado redoblar para garantizar la continuidad de una fábrica vital para Castilla yLeon, pero sobre todo para el futuro de la provincia de Ávila.
Las millonarias ayudas dadas obligan al Ejecutivo castellano y leonés a ejercer un férreo marcaje para que Nissan cumpla.