Buena idea para las viviendas de curas que precisa cautelas
LA JUNTA de Castilla y León firmará en enero un convenio con el Obispado de León que parece llamado a ampliarse a otras diócesis. La Iglesia cederá en usufructo viviendas de curas que están deshabitadas para que la Consejería las rehabilite y pueda destinarlas al alquiler social. Es una buena idea que sigue a otro programa con semejanzas que está dando resultados muy positivos, el Rehabitare, centrado en la rehabilitación de edificios municipales a cargo de la Administración autonómica para que los ayuntamientos los alquilen según sus propios criterios a personas o familias con derecho a una vivienda protegida.
En ambos casos se cubren necesidades de vivienda de ciudadanos y además se consiguen efectos secundarios positivos, como es la restauración de patrimonio histórico y la generación de actividad para pequeñas empresas de construcción de las zonas, fundamentalmente rurales. El programa Rehabitare cierra el presente ejercicio con casi 2,3 millones de inversión en 59 viviendas de 47 municipios de la Comunidad, pero sobre todo con la satisfacción de los ayuntamientos, que han podido fijar población, y un incremento notable de la demanda para el próximo año.
En el caso del acuerdo con el Obispado de León, las viviendas se destinan a personas en riesgo de exclusión social, por lo que se fijarán los alquileres en función de las posibilidades de los destinatarios. Igual que en el Rehabitare se evita la ruina de casas de maestros o médicos construidas en su mayoría en el siglo XIX, en el caso de las viviendas de los sacerdotes se adecuan inmuebles antiguos normalmente anejos a iglesias de interés arquitectónico.
Se da uso así a viviendas vacías y se arreglan edificios. No obstante, la diferencia con el programa Rehabitare está en la propiedad del inmueble, que en un caso es de la Iglesia, mientras en el otro es municipal con lo que el beneficio de la inversión queda en el ámbito público. Por este motivo, los convenios que se rubriquen con la Iglesia deben tener en cuenta los intereses públicos y asegurar un plazo de cesión del inmueble lo suficientemente amplio para que el dinero público invertido tenga un periodo de retorno adecuado. Además, hay que garantizar que durante toda la duración del convenio no puede darse un uso al inmueble distinto al previsto.
En el caso del convenio que se va a firmar con el Obispado de León, el plazo de tiempo, 20 años, parece razonable para generar un retorno suficiente para la administración pública, siempre y cuando las inversiones necesarias para las rehabilitaciones sean normales. En el caso de los edificios de Rehabitare la media de inversión ha sido de algo más de 38.000 euros, con lo que si es parecido en el caso del acuerdo con el Obispado de León la rentabilidad pública del acuerdo es clara.