Medidas contra el fraude en la marca Tierra de Sabor
EL NUEVO reglamento de Tierra de Sabor establece las mismas sanciones que la Ley Agraria. Se trata de medidas con sentido común para proteger una marca que se ha consolidado como un mecanismo de impulso y desarrollo del sector.
No tenía sentido tolerar el uso fraudulento de Tierra de Sabor cuando lo que se pretende es constituirse en una herramienta de promoción y crecimiento de la industria agroalimentaria regional, de su calidad y de su capacidad de ampliación.
Que se haya constatado la existencia de distribuidores que impunemente se han aprovechado irregularmente de este distintivo es motivo más que suficiente para poner en marcha un régimen sancionador que evite este tipo de infracciones.
La marca ha conseguido por méritos propios un espacio entre los consumidores españoles. Tolerar pasivamente su uso indebido contribuiría a degradarla y a que perdiera su atractivo. Profesionales y consumidores no perdonarían la ausencia de sanciones con la consiguiente devaluación de Tierra de Sabor.
En definitiva, para consolidar el camino recorrido desde su creación se hace necesario combatir cualquier tipo de fraude. Hasta ahora, sólo se contemplaba la retirada de la marca. Sin embargo, hay circunstancias que aconsejar una medida para cada tipo de incumplimientos.
Homogeneizar y adecuar el régimen sancionador con los baremos que incluye la Ley Agraria entra dentro de la lógica, sobre todo cuando se trata de proteger la calidad del producto y apoyar la industria agroalimentaria de Castilla y León. a marca de garantía estaría coja sin un instrumento que garantice sus requisitos de calidad y ahora se trata de llenar ese vacío que podría propiciar el fraude.
Una vez que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha decidido acometer esta revisión del reglamento, parece lógico actualizar y modernizar su adecuación tecnológica con el fin de facilitar y agilizar los trámites administrativos.
Esta revisión apuntala una marca que ha impulsado la industria agroalimentaria regional en Castilla y León, así como su expansión y reconocimiento en el exterior de la Comunidad y, en menor medida, fuera de España.
Impedir el fraude con sanciones graduales es apostar por esta industria que es clave para el desarrollo rural y para fijar población en los municipios más pequeños. Es también una garantía para el consumidor y una apuesta más por el empleo de calidad en un sector muy relevante de la economía de Castilla y León. En definitiva, contribuye a hacer Comunidad.