Las reválidas es obligado que salgan del consenso
LA LEY WERT, la famosa reforma educativa que supuso la Lomce, parece claro que sigue instalada en la polémica, por más que el Gobierno, ahora en funciones, se empeñe en hacer ver que no es así. El entonces ministro José Ignacio Wert impuso la reforma del sistema educativo español y lo hizo, entre otras cuestiones, porque según su criterio iba a acabar con el fracaso escolar.
Aún está por ver que esto vaya a ser así con la nueva ley. Lo que sí está demostrado es que esta reforma no gusta a nadie, ni siquiera a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Castilla y León. El entonces consejero de Educación, Juan José Mateos, no se mordió la lengua y aseguró que la Junta le iba a tocar arreglar aquello que la nueva ley venía a estropear. Y lo mismo se puede decir del actual, Fernando Rey, quien acata la ley como aquel que no le queda otra porque es de rango superior.
Claro que si se mira al conjunto de la comunidad educativa, el rechazo es absoluto. Aquí el clamor contra una ley, que nació de la imposición de un Gobierno en mayoría absoluta y sin el consenso deseable, es casi unánime. Los sindicatos, el profesorado, las asociaciones de padres y madres; en defintiva, todas y cada una de las personas que engloban el universo de la educación dan un no rotundo a la Lomce. Y lo mismo sucede ahora con las pruebas selectivas para lograr el título de la ESO y de Bachillerato, las famosoas reválidas.
Desde todos los ámbitos de la comunidad educativa se asegura que estas reválidas son injustas y, lo que es peor, que van a dejar a alumnos en el ‘limbo’, con lo que va a aumentar el fracaso escolar, el mismo contra el que dice el Ministerio de Educación, ahora de Íñigo Méndez de Vigo que las defiende, que lucha. Mientras, la Consejería de Educación de Castilla y León, una vez más, se limita a acatarlas, sobre todo porque aún no son puntuables.
Sea como fuere, la realidad es tozuda y demuestra que si en algo hay que trabajar por y para el consenso, de todos, pero sobre todo del conjunto de aquellos que conforman el espectro hacia los que se dirige la Lomce, es en materia educativa.
El Gobierno, pese a estar en funciones, tiene la obligación de sentarse a la mesa con todas las partes y con los Ejecutivos autonómicos, que para eso tienen transferida la Educación, para lograr un acuerdo que permita sacar adelante esas reválidas, si es que así se estima por parte de todos.
Eso sí, desde el consenso y nunca a través de la imposición, que es como la que se ha sacado adelante la Lomce.