Un modelo de financiación injusto e insuficiente
EL ACTUAL DE Financiación Autonómica se demuestra cada vez más discriminatorio, injusto e insuficiente con Castilla y León, a la vez que se van conociendo sus números. La Junta se abstuvo, al igual que algunas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, sobre todo porque en un primer año la Comunidad recibiría una importante inyecciones de millones.
El balance, publicado ayer por la Junta, revela que Castilla y León ha perdido en los últimos años mucho peso en lo que recibe de ese modelo de financiación.
La primera conclusión que hay que extraer es que Castilla y León forma parte del grupo de las diez comunidades autónomas que pierden peso en los ingresos frente a las cinco –Baleares, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia– que han salido beneficiadas en este criterio.
Si se tienen en cuenta los recursos adicionales, que se recibieron hace apenas seis años, los recursos globales disminuyen en una cuantía superior a la caída por la crisis, recortando fondos el modelo en relación al tamaño de la economía.
En los cinco años que son comparables, Castilla y León además de ese peso ve como la sangría de millones es incesante. Un retroceso que ha sido más que evidente en el déficit sanitario, social y educativo, unos servicios esenciales cuyo coste para una comunidad envejecida, dispersa y con baja densidad demográfica son superiores, según han demostrado todos los estudios independientes. Un recorte que el Gobierno de Juan Vicente Herrera suple y evita para mantener a Castilla y León como un referente en Educación, Sanidad y Política Social.
Pero eso no puede hacer olvidar que este modelo, como bien defiende la Junta y apoyan los diferentes grupos políticos en las Cortes, es injusto y debe cambiar para primar ese hecho diferencial que tienen territorios como el de Castilla y León y no basarse solamente en el población. Y es que es ahí donde este modelo de financiación fracasa y resulta discriminatorio respecto a comunidades autónomas más pobladas, concentradas y con menos sobreenvejecimiento.
Llegados a este punto y en teoría con una mayor proximidad a la formación de un nuevo gobierno, Castilla y León debe plantarse y exigir un modelo que contemple y garantice los fondos adicionales fruto de estas variables que implican mayores costes para servicios similares.
Ni siquiera al abordar el peso de la población ajustada el modelo hace justicia a la Comunidad, porque sigue siendo menor que el ya injusto sistema anterior. El pacto de Comunidad firmado por todos los grupos para asegurar unos servicios públicos fundamentales en condiciones de equidad y calidad cobra una mayor dimensión para luchar contra una financiación injusta e insuficiente.