Los entes locales cumplen en pagos
EL ÚLTIMO informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre pago a proveedores deja en buen lugar a la mayoría de los ayuntamientos de Castilla y León y a las diputaciones provinciales de la Comunidad.
Sin embargo, el documento oficial del departamento de Cristóbal Montoro revela que la Junta de Castilla y León está perdiendo posiciones en los pagos y su plazo medio es notablemente superior al del resto de administraciones públicas y duplica la media nacional.
El informe refleja esa doble realidad de la Comunidad autónoma. Por una parte, el de unos ayuntamientos cumplidores que han hecho gala de austeridad, control y eficiencia, y unas instituciones provinciales que, pese a ser cuestionadas por algunos, demuestran rigor y eficiencia en el gasto; y por otro lado, una administración autonómica que se ve cada vez más desbordada por un modelo de financiación claramente injusto y con el cual no puede hacer frente a los gastos que generan los servicios esenciales.
En ese contexto, salvo puntuales excepciones, los ayuntamientos de la Comunidad autónoma son mucho más cumplidores que la mayoría de los consistorios del país. Pese que Castilla y León cuenta con más de la cuarta parte de los municipios de España, hay que ir al puesto número 63 para encontrar la localidad más ‘morosa’ de la Comunidad, San Andrés del Rabanedo.
Ser cumplidor en los pagos no sólo evita a los consistorios incurrir en gastos financieros excesivos, sino que favorece en muchas ocasiones a empresas, autónomos y profesionales de municipios a quienes se paga en plazo, lo que favorece también un mayor dinamismo de la economía local.
Sin embargo, hay excepciones en este cumplimiento que merecen un nivel de exigencia política porque sus regidores no han estado a la altura de las circunstancias y en algunas ocasiones han incurrido en gastos excesivos y descontrolados.
Más preocupante que el panorama de los entes locales es la tendencia creciente a la morosidad de la Administración autonómica a retrasar sus pagos, lastrada por un modelo de financiación que no cubre los servicios básicos. Su volumen de deuda es considerable y como tal es el perjuicio que ocasionan a proveedores que carecen en no pocas ocasiones de recursos.
Resulta imprescindible que el nuevo Gobierno asuma esté déficit estructural, al tiempo que acometa también el necesario modelo de financiación local que permita a los ayuntamientos dar respuesta a determinadas necesidades de sus vecinos.