Obligada vigilancia contra el fraude
LA GRAVE CRISIS económica se llevó por delante numerosas empresas, miles de empleos, además de reducir a la mínima expresión, cuando no hacerlos desaparecer, los beneficios sociales que los trabajadores habían logrado durante años.
Años de crisis en los que se echó del mercado laboral a personas altamente cualificadas, muchas de las cuales ven como ahora siguen penando para poder conseguir ese empleo que les devuelva la actividad profesional que mantenían antes del estadillo de la crisis económica.
Damnificados de una crisis que pese a la buena marca de la macroeconomía, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) que suma semestre tras semestre números positivos, una constatación que nadie niega, ven cómo esas buenas cifras no se plasman en aumento del empleo, al menos no del cualificado. Algo que tampoco nadie niega. Son muchos los informes, en Castilla y León el Consejo Económico y Social (CES) lo remarca una y otra vez, que indican que el trabajo que se está logrando no da para salir de la crisis. Que se están generando trabajadores pobres.
Y eso es precisamente lo que aflora en las inspecciones laborales. Contratos por obra que van más allá de la obra para lo que fueron ideados o miles y miles de empleos ‘sumergidos’, esos que no cotizan y de los que el trabajor es el principal damnificado.
Datos que en solo un año, precisamente el último, el que se señala por algunos analistas como el de la línea roja entre el fin de la gravedad económica y el principio de la recuperación, se ven incrementados sobremanera.
La inspección tiene que intensificarse. Y no porque se piense que la generalidad es que se están haciendo mal las cosas. Todo lo contrario. Perseguir al que intenta defraudar a quien protege es al empresario y al trabajador que lleva a gala la legalidad vigente y cumple con las normas, que por otra parte son la inmensa mayoría. Pero sobre todo se protege al eslabón más débil. A ese trabajador que en su desesperación por conseguir un trabajo a veces se ve obligado a aceptar aquello que, en otras condiciones, no firmaría.
Ir contra el que quiere engañar y el que busca atajos que no son legales tiene que ser un objetivo de las administraciones. No se puede permitir que algunos, los menos, crean que pueden vivir en la impunidad y salir inmunes de ella.
La vigilancia por el correcto funcionamiento del mercado laboral y de las relaciones empresa-trabajador, trabajador-empresa es obligada, para luchar contra el fraude y los fraudulentos y proteger al trabajador y a los empresarios que cumplen, la mayoría.