Un plan que pone en jaque las cuencas
EL ANUNCIO DE la Comisión Europea, por el que acaba de autorizar las ayudas para que el Gobierno de España palíe todas las repercusiones que le vengan dadas por el cierre de las minas no competitivas de aquí a 2018, es el certificado final de que ya no hay nada más que negociar con Bruselas.
Y la mejor demostración es que la Comisión Europea da por hecho que el Ejecutivo central, ahora en funciones, se compromete a que las explotaciones mineras que quieran seguir más allá de ese 2018 tengan que devolver todas las ayudas percibidas.
Eso era, precisamente, lo que lleva años queriéndose cambiar y tratando de negociar con la Unión Europea para que de mantener el cierre de las explotaciones mineras en 2018, al menos aquellas que decidieran continuar porque entendieran que son aún competitivas y quisieran seguir apostando por la minería del carbón autóctono, fueran eximidas de una devolución que, está claro, las llevará directas la cierre, como aquellas que no son competitivas.
El Ministerio dice no conocer cuáles so las mineras que van a echar el cierre, aunque en el comunicado de Bruselas, donde se anuncia la liberación de los millones de ayudas, se cifran en 26. Pero es que tampoco se explica el porqué se asume el que la industria del carbón tenga que devolver todo el dinero que ha recibido en ayudas en los últimos años. Una renuncia que, parece claro, supone casi el renunciar al mantenimiento futuro del carbón.
Y todo, mientras el Gobierno viene incumpliendo sistemáticamente el Plan que él mismo firmó nada más llegar al Ejecutivo en 2013, con lo abocó a la práctica totalitad de las mineras a los expedientes de regulación de emplos, cuando no a la liquidación.
Eso, sin olvidar que en todo este tiempo ni el Ministerio del Industria del dimitido José Manuel Soria, ni tampoco ahora en funciones, ha hecho nada por la revitalización de las cuencas mineras, al contrario de la Junta que sí acaba de poner en marcha un plan.
Ayudas al carbón y a las cuencas que el Gobierno de Castilla y León, con su presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza, viene exigiendo al Ejecutivo de Mariano Rajoy una y otra vez.
El plan de cierre que lleva implícito la autorización del enorme paquete de ayudas para paliar las repercusiones sociales y económicas, supone casi el fin defintivo de la minería en la Comunidad, tal y como denuncian desde los sindicatos. Pero, además, deja a la intemperie a las miles de familias que aún viven del carbón y supone poner en jaque su futuro y el de las cuencas de la Comunidad.