Urge un nuevo modelo de financiación
CASTILLA Y LEÓN no puede hacer frente a los servicios públicos esenciales con este modelo de financiación autonómica. Está demostrado por activa y por pasiva, y los gobiernos centrales de turno no han hecho nada por resolverlo.
Este periódico revela hoy que la Comunidad autónoma pierde peso en el nuevo sistema de financiación y, aunque este año reciba más que el pasado, sus ingresos crecen por debajo de la media del conjunto de regiones de régimen común.
Todos los grupos parlamentarios son conscientes de este continuado déficit estructural de Castilla y León y por lo tanto exigir al Gobierno que salga de las elecciones del 26-J un compromiso por un sistema justo, equilibrado y que contemple las características de una autonomía más envejecida, extensa y con más dispersión de población y municipios debe ser la prioridad de la próxima legislatura.
Sobre todo, porque cuando se habla de un modelo de financiación suficiente y que garantice los mismos servicios y la misma calidad a todos los ciudadanos estamos hablando de sanidad, de educación, de servicios sociales y de dependencia.
Retrasar la implantación de un nuevo modelo significa deteriorar la calidad de estos servicios, aumentar la brecha con otras autonomías y favorecer la emigración a otros territorios.
De ahí que el nuevo modelo deba poner freno a esta pérdida creciente de cuota autonómica en los ingresos del modelo. No tanto porque Castilla y León merezca más, que también, sino porque el modelo hace aguas por todos los lados, pese a que esta región siguen siendo una de las más cumplidoras en el objetivo de déficit.
De todos es conocida la constatación oficial de que la sanidad autonómica necesita al menos de 500 millones de euros al año.De todos es sabido que la crisis ha agudizado los recortes en servicios esenciales, pese a que Castilla y León siga siendo líder en algunos como la dependencia.
Sin embargo, resulta inadmisible que no se contemplen ingresos añadidos por atender a una población sobreenvejecida y que no se asuma el coste adicional de la educación.
Ese modelo debe ser garantista de la lealtad institucional. Si el Gobierno impone unilateralmente nuevas obligaciones a la Comunidad debe garantizar los recursos financieros necesarios.
En definitiva urge un nuevo modelo que evite los déficits acumulados y que establezca fondos de nivelación que garanticen la prestación de servicios esenciales para todos, incluido el mundo rural. Lograrlo es un reto inexcusable para Castilla yLeón.