Medidas contra las deslocalizaciones
LA LUCHA contra las multinacionales es una tarea tan titánica como el combate que lidió David contra Goliat. El personaje bíblico pudo con el gigante y, del mismo modo, los trabajadores de Lauki y de Dulciora, con el respaldo institucional y ciudadano, confían en hacer frente a Lactalis y Mondelez para que estas empresas no echen el cierre a las dos factorías vallisoletanas.
Ambas compañías van a deslocalizar la producción de las plantas de Valladolid. Lactalis, para llevarla a otros puntos del país. Mondelez, a Polonia. Es una práctica tristemente habitual entre las multinacionales y que ya ha conocido Castilla yLeón en anteriores ocasiones.
La falta de arraigo en la Comunidad de este tipo de empresas hace más fácil para ellas decidir la clausura de alguna de sus plantas, y comunicarlo de la noche a la mañana sin que tiemble el pulso de sus directivos ni de su consejo de administración. Ni siquiera argumentan pérdidas o situaciones críticas. Simplemente, buscan cómo y dónde producir más barato y multiplicar así unos beneficios que, en los casos que nos ocupan, tienen garantizados.
Poner coto a esta dinámica empresarial es, como avanzábamos, harto difícil, lo que no quiere decir que no sea preciso intentarlo por todas las vías posibles. En los casos de Lauki y Dulciora, las instituciones más representativas de la provincia y de la Comunidad, como el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación y las Cortes, han expresado su oposición a los cierres y su respaldo a los trabajadores. Además, la Junta de Castilla y León y los sindicatos, de la mano de los trabajadores, están buscando vías de negociación con las empresas propietarias de Lauki y Dulciora.
Pero las organizaciones sindicales quieren ir más allá, para que casos como estos no vuelvan a repetirse o, al menos, las multinacionales encuentren más dificultades a la hora de decidir deslocalizaciones. Con este fin, CCOO y UGT plantearán en el Consejo del Diálogo Social, que se reúne mañana, que se dote de rango de ley el protocolo de ‘Empresas en Crisis’, con el reto de meter presión y evitar anuncios unilaterales sin buscar previamente una solución negociada.
Según las cifras que maneja Comisiones Obreras, en Castilla y León existen 135 empresas con facturaciones por encima de los cinco millones, de capital extranjero mayoritario, y que dan empleo a 40.000 personas.
El objetivo de los sindicatos es que una norma de rango legal obligue de alguna forma a las multinacionales a comunicar sus intenciones con tiempo sobre industrias productivas que son viables, que avisen a la Fundación Anclaje de su disposición a marcharse, para iniciar de inmediato un proceso negociador.