Desalojo en la espera
CANSADOS DE esperar y con el primer trimestre echado a perder por la incapacidad de nuestros políticos para llegar a acuerdos, acaban de mostrarnos que esa limitación no afecta al cuidado de su bienestar. Ahora ya sabemos que además de lancear al adversario y ponerse estupendos, dominan otras suertes. Una clase política que constituye el peor ejemplo para los escolares, estos días de merecidas vacaciones. Después de tres meses sin alcanzar acuerdos, siguen sin ajuntarse y haciendo novillos cada vez que pueden. Claro que también saben amañar pactos y arreglos para distraer el tedio de consumir los días sin dar un palo al agua. Por primera vez, alcanzaron la unanimidad para obsequiarse con veintiún días de vacaciones. Tres semanitas.
No como recompensa por lo trabajado, sino para que miradas aviesas no les enturbien la holganza. No pactan un nuevo gobierno, que es para lo que han sido elegidos, pero sí se arreglan el descanso lejos del hemiciclo. De hecho, no van a volver al escaño hasta el 5 de abril. Y eso que tenían compromiso de celebrar un pleno el 29 de marzo. Porque ya habían aprobado su calendario de sesiones. Pero tampoco debió de parecerles importante su cumplimiento. Porque estos meses echados a los perros no han salido gratis. Pasan cosas en Europa y en casa, aunque a ellos no les importe ni alcance a congelarles la risa. Al fin y al cabo, hasta el más inútil de los que se sientan en el parlamento recibe unos ingresos de 4.646 euros mensuales. Y eso, sin contar los colgantes, que oscilan entre los 600 y los 9000 euros mensuales. Como para quejarse. O pensar en los mineros, en los ganaderos, en los millones de desempleados.
La celebración de nuevas elecciones el 26 de junio, entre San Juan y San Pedro, aparte de aguarnos las fiestas, supone cargar a las arcas públicas un gasto innecesario de más de ciento sesenta millones de euros. Y tomar como veletas a los electores. ¿A quién beneficiarían las nuevas elecciones? Más allá del mejunje demoscópico, donde cada cual trata de favorecer al que le contrata, quienes seguro que pillan cacho son los propios partidos causantes del despilfarro: 21.167 euros por escaño, más 0,81 por voto recibido.