Reformas estructurales
EN 2011 la recién nacida Legislatura del PP, trajo bajo el brazo las reformas estructurales que iban a sacarnos de la crisis. Tres años después, los resultados de tan aireadas reformas saltan a la vista en Castilla y León.
La reforma laboral que iba a servir para generar empleo, ha producido 23.000 desempleados más, 100.000 personas sin prestación alguna en riesgo de exclusión, el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores y el empobrecimiento de la clase media de la Comunidad.
La reforma demográfica que, a través de la Agenda para la Población, iba a permitirnos retener a nuestros jóvenes mejor formados, se ha saldado con la pérdida del 1,5% de la población y la marcha de 20.000 ciudadanos al año, lo que nos hace líderes entre los territorios de España que más población pierden.
La reforma de la administración que con el lema: una competencia una administración, iba a evitar duplicidades mantiene intactas las 9 subdelegaciones del Gobierno, las 9 delegaciones de la junta, las 9 diputaciones provinciales y ha multiplicado el número de cargos de libre designación mientras se prescinde de miles de médicos y profesores para atender la educación y la sanidad pública.
La reforma financiera que iba a resolver el problema de falta de liquidez, se ha llevado por delante el músculo financiero de la Comunidad, mientras familias y pymes siguen secas de crédito.
La reforma educativa, que iba a sustituir la economía del ladrillo por la economía del conocimiento se ha reducido a la aprobación de una ley ideológica que hace obligatoria la religión en el aula y que ha sido rechazada por la comunidad educativa.
Y por último, la reforma local se ha concretado en un batiburrillo de leyes que atropellan la seguridad jurídica.A la luz de sus negativos efectos, las reformas que nos prometía la derecha eran en realidad contrarreformas de las que el presidente Herrera no ha asumido responsabilidad política alguna.