Diario de Valladolid

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HASTA la fecha, los 46 aeropuertos españoles gestionados por AENA se han mantenido gracias a la aplicación del principio de compensación.

Los rentables han compensado la existencia de los no rentables, lo que ha permitido que en muchos lugares de España, y singularmente en Castilla y León, pudiésemos contar con estas infraestructuras, a pesar del escaso volumen de negocio que representan: entre los cuatro, no suman el millón y medio de viajeros que se considera umbral de rentabilidad.

Con la privatización de AENA por Decreto Ley 8/2014, pronto asistiremos a cambios drásticos, puesto que la entrada de capital privado llevará aparejada una búsqueda de rentabilidad económica y máximo beneficio, difícilmente conciliable con el mantenimiento de aeropuertos deficitarios cuyo fin no es en exclusiva la competitividad, sino también la cohesión territorial y el interés general o social.

La burbuja aeroportuaria, donde el empeño desmedido por construir no ha estado acompañado del empeño por mantener y hacer viables las costosas infraestructuras, corre el riesgo de estallar. Por eso en este momento de encrucijada para los 4 aeropuertos de Castilla y León se precisa la inteligencia política y la perspectiva que la Junta no ha tenido hasta la fecha.

Los socialistas proponemos el camino del trabajo coordinado y la planificación de la especialización de cada aeropuerto. Es absurdo que los destinos se repitan y no haya especialización por mercados potenciales. La Junta tenía que haber trabajado en esta programación desde el primer día. Es responsable de no haberlo hecho, pero ahora no puede tirar la toalla. El Comité Coordinador de Aeropuertos de Castilla y León, en el que participan la Junta, el Ministerio y AENA, tiene la obligación de ganar el tiempo perdido, hacer viables los aeropuertos y mantener el empleo directo e indirecto que generan.

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