El Gobierno da quince días a la familia de Franco para pronunciarse antes de iniciar el proceso para exhumarle este mismo año

El Gobierno aprobó este viernes una reforma del artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica para proceder a la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco, un trámite que pretende culminar "antes de que finalice el año”, con o sin intervención de la familia, a la que se da un plazo de 15 días desde el 31 de agosto para hacerse “cargo”, si lo desea, de los restos mortales enterrados actualmente en el Valle de los Caídos.

Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó esta reforma legislativa para cumplir con uno de los principales anuncios que hizo Pedro Sánchez nada más llegar al Palacio de la Moncloa en junio.

En concreto, el párrafo que el Ejecutivo añade al artículo 16 de la mencionada ley es que “en el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.

Calvo explicó que la exhumación comenzará el próximo viernes, 31 de agosto, en el Consejo de Ministros con un acuerdo de incoación que dará un plazo de 15 días para que los familiares del dictador comuniquen el destino que desean para los restos mortales, indicando el lugar de reinhumanación. Al Gobierno ya le consta la posición de la familia, que se opone al traslado de los restos, a través de la abadía benedictina del Valle.

LUGAR "DIGNO" PARA FRANCO

En el caso de que la familia de Franco no se manifestara en tiempo y forma o existieran discrepancias entre ellos, el Ejecutivo será quien adopte un segundo acuerdo en el que determinaría el traslado de los restos mortales de Franco a un “lugar digno y respetuoso” en el que no se falte al “respeto” a las víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos.

La intención del gabinete de Sánchez, según fuentes gubernamentales, es evitar toda suerte de “espectáculo” y tratar de forma “discreta” y con “decoro” el traslado de los restos del dictador en el caso de que tengan que encargarse de los mismos porque la familia no se haya puesto de acuerdo o no se haya manifestado.

Transcurrido este plazo inicial de 15 días, el Consejo de Ministros continuará que el procedimiento siga adelante estableciendo contactos con el Ayuntamiento y la comunidad autónoma. Nuevamente, todos los interesados, incluidos los familiares, tendrán el derecho a alegar lo que consideren oportuno en un plazo de 10 días.

A partir de ahí, el Consejo de Ministros adoptaría un tercer acuerdo motivado en el que resolverá definitivamente si procede la exhumación y con la indicación del destino que vaya darse a los restos mortales de Franco. El procedimiento tiene un plazo de caducidad de 12 meses a contar desde el acuerdo de incoación del Consejo de Ministros del 31 de agosto.

EL DECRETO LEY ES "HABITUAL"

Además, el decreto ley será remitido al Congreso de los Diputados par que debata y vote en el plazo de 30 días desde su promulgación. Sobre la fórmula elegida para este procedimiento, Calvo se defendió de las críticas de PP y Ciudadanos diciendo que el real decreto es un instrumento “habitual” en el funcionamiento constitucional de cualquier Estado como el nuestro y “no tiene ninguna excepcionalidad”.

Negó preocupación ante el recurso que los populares presentarán contra este decreto ley y se centró en defender que corresponde al Gobierno “apreciar la urgencia” en este caso “y quien no quiera verlo que no lo vea”. “¡No hay más vueltas que dar a este asunto!”, señaló, no sin antes recordar que en mayo de 2017 se aprobó en el Congreso una proposición no de ley socialista en la que se instaba a la exhumación de Franco que no contó con la oposición de ningún grupo parlamentario.

Además, hizo especial hincapié en que la puesta en marcha del procedimiento para exhumar a Franco da respuesta a las peticiones de Naciones Unidas requiriendo a España que dé cuenta de las medidas de materia histórica y regeneración democrática y la recomendación de retirar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

La vicepresidenta justificó la urgencia de esta reforma para exhumar el cadáver de Franco alegando que “nos acercamos a 40 años de democracia constitucional y eso no es compatible con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura del dictador” junto a las víctimas. Aunque reconoció que “todos vamos tarde” en este sentido, se congratuló de que este trámite se haya puesto en marcha en los primeros 100 días de Gobierno.

“RESPETO” A LA SANTA SEDE

En este punto, Calvo aseguró que el Gobierno se moverá “donde se tiene que mover”, esto es, en el “respeto a los acuerdos que hay con la Iglesia católica y con la Santa Sede”, que “permiten perfectamente llevar a cabo un acción de este tipo”. “Disponemos de instrumentos en el marco de los acuerdos con la Santa Sede para proceder en términos de estricta legalidad para el objetivo final de este decreto, que es la exhumación de los restos de Franco”, aseveró.

En cambio, Calvo defendió que “está justificada” la permanencia en el Valle de los Caídos de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que acompaña a Franco en la sepultura del templo, porque “es una víctima de la contienda”. Sin embargo, para dar cumplimiento a la intención del PSOE de que “no esté en un lugar preferencial”, dijo que habrá que esperar a abrir un debate con el resto de grupos parlamentarios .

“Hemos ido a lo urgente y en el debate tomaremos decisiones que nos conduzcan no solo a aplicar la ley de 2007 de Memoria Histórica, sino a mejorarla y a aplicar en cada uno de sus extremos la proposición de ley del PSOE”, expuso Calvo refiriéndose a la iniciativa que el PSOE aprobó en el Congreso y en la que se pedía que Primo de Rivera no estuviese en un lugar destacado dentro del Valle de los Caídos.

En síntesis, el Gobierno quiere ir “rápido”, pero también ser “respetuoso” en relación a las opciones que muestren todos los implicados, y sin perder de vista que la exhumación se realizará “fundamentalmente para respetar a todas las víctimas”.