Diario de Valladolid

Frente común en defensa del cereal

Todas las Opas de Castilla y León denuncian en bloque el hundimiento de los precios, «de hasta 100 euros la tonelada», así como la «entrada masiva de cereales importados» y el «muy grave incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria»

Un agricultor examina el estado de las espigas de trigo antes de la cosecha en una foto de archivo.  PQS / CCO

Un agricultor examina el estado de las espigas de trigo antes de la cosecha en una foto de archivo. PQS / CCO

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Santiago G. del Campo
Valladolid

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Las alarmas vuelven a sonar en el sector agrario, y esta vez en un cultivo en el que Castilla y León es el mayor productor de España, el cereal. El hundimiento de los precios, siempre condicionados por las cotizaciones internacionales de las materias primas, en bolsas tan lejanas como la de Chicago, es uno de los problemas. Pero a él se une la competencia desleal de otros países que no tienen obligación de cumplir los estrictos estándares de salud y calidad de la Unión Europea, así como el incumplimiento de normativas tomo la Ley de la Cadena Alimentaria, que debería asegurar el precio justo de cada eslabón. Es lo que denuncian las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), que en los últimos días se han puesto de acuerdo para denunciar conjuntamente la situación, firmando un comunicado conjunto que pone de manifiesto «la ruina del sector», uniendo a todos los problemas ya enunciados «los altísimos costes de producción».

En el documento Asaja, la Alianza UPA-Coag y UCCL denuncian la «situación límite» de los cerealistas de Castilla y León, que ven «cómo los precios de su cosecha están por los suelos y tienen que asumir en esta nueva campaña unos costes de producción muy elevados, similares a los de la campaña pasada». Según las Opas, los agricultores de la Comunidad están percibiendo hasta 100 euros por tonelada por debajo del precio del año pasado por estas fechas, «a pesar de la escasa cosecha que ha habido y por la que teóricamente deberían pagarse buenos precios».  Denuncian «esta situación que se repite una vez más y cuyos perjudicados vuelven a ser los agricultores en primera persona, que sufren en sus propias carnes cómo lo único que baja es el precio de lo que producen y no el precio del abono, fitosanitarios, maquinaria, energía o gasóleo».

Ante la «situación límite» en la que se encuentra el sector productor, la Opas de la Comunidad Autónoma reclaman que se frene la «importación masiva» de cereal, puesto que «la entrada de toneladas de trigo, cebada, centeno y avena sigue creciendo exponencialmente y coloca en una situación límite a los productores de Castilla y León».  

Las organizaciones advierten del «incumplimiento» de la Ley de la Cadena Alimentaria «con precios por debajo de los costes de producción y con movimientos interesados de terceros que se enriquecen a costa del sector primario a través de maniobras de dudosa legalidad, que son claramente desafiantes para los intereses nacionales y que van más allá de la tensión geopolítica del momento», subrayan.

Las tres organizaciones agrarias se preguntan «dónde está la bajada del precio de los piensos elaborados con el cereal que está bajo mínimos». De igual modo, quieren saber «dónde está la bajada en los precios de los productos manufacturados que se elaboran a base de cereales como pueden ser la harina, el pan o la bollería».

Por estos motivos, las Opas de Castilla y León reclaman al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Consumo que «se pongan a trabajar de inmediato en este asunto», puesto que, de lo contrario, «si no se pone remedio a esta situación crítica que sufre el sector agrario, siempre acosado por terceros intereses, lobbys de presión, especuladores e intermediarios que juegan a su antojo con la alimentación, nos veremos en la obligación de tomar medidas de presión», avanzan.  

En este marco, Asaja Castilla y León ha advertido de otro asunto que preocupa a agricultores y ganaderos: «Los agricultores siguen pendientes de recibir la ayuda aprobada por el Gobierno en julio para paliar la sequía, que hundió la cosecha de cereal, y sufragar las pérdidas derivadas de la guerra en Ucrania», denuncia la organización agraria. Se trata de una partida de alrededor de 69 millones de euros, más o menos la cuarta parte de la cuantía total nacional, «una ayuda escasa pero muy necesaria para afrontar los elevados gastos de producción que está comportando las siembras de otoño, que estos días los agricultores de Castilla y León están rematando».

Asaja considera que es tiempo de que el Ministerio «atienda a la agricultura», tras haber cumplido ya con la ayuda a los ganaderos, apicultores y este mes de diciembre, a los fruticultores y los productores de frutos secos de cáscara. «No es lógico que retengan ese dinero cuando los agricultores ya hemos tenido que desembolsar lo necesario para realizar las siembras», apunta el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo

La inmensa mayoría de las cerca de 65.000 explotaciones agrarias profesionales de Castilla y León optan a recibir esta ayuda. La media por perceptor sería de unos mil euros, aunque oscila según la superficie de cada explotación y el importe por hectárea de la provincia donde esté radicada, según se haya considerado como sequía de intensidad alta o media. Castilla y León, netamente agraria, es la que tiene mayor superficie de cultivo y por tanto la más afectada por sequía, a pesar de que el Ministerio fragmentó las provincias y solo reconoció como ‘sequía de intensidad alta’ en el 20% de la superficie agraria de la Comunidad, las cerca de 500.000 hectáreas de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia.  SEIS PROVINCIAS

El resto, más de dos millones de hectáreas de las otras seis provincias (Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora) se clasificaron en ‘sequía de intensidad media’. «Por este motivo, Castilla y León recibirá 69,5 millones en lugar de los 115 que le hubiera correspondido si el Ministerio hubiera reconocido la verdadera dimensión de la sequía, que afectó a todas las provincias», señalan en la organización. La Opa ha criticado largamente lo que considera un «tratamiento injusto de gran parte de la Comunidad Autónoma, más si cabe si se tiene en cuenta que cerca de la mitad, el 45%, de las indemnizaciones por sequía de Agroseguro abonadas en 2023 han debido atender a Castilla y León».

Por provincias, las tres reconocidas como siniestradas por la sequía alta cobrarán, en el caso de Ávila, 5.491.080 euros, correspondientes a 122.024 hectáreas a 44 euros de ayuda por hectárea; los agricultores de Salamanca cobrarán un total de 8.273.970 euros, lo que corresponde a sus 183.866 hectáreas, y por último los productores de Segovia cobrarán un montante total de 9.236.610 euros, lo que corresponde a las 205.258 hectáreas que han sufrido los efectos de la sequía.

Por su parte, las seis provincias catalogadas como de ‘sequía de intensidad media’ cobrarán 10.897.267 euros en el caso de Burgos, por 484.323 hectáreas, a 22,5 euros cada una. Los agricultores de León cobrarán 3.446.977 euros por 153.199 hectáreas. A Palencia le corresponden 9.098.347 euros, por 404.371 hectáreas; a Soria llegarán 5.837.872 euros, por 259.461 hectáreas; a Valladolid 11.300.557 euros, por 502.247 hectáreas y, por último, los productores zamoranos cobrarán 5.650.402 euros por 251.129 hectáreas.

Pero no se quedan ahí las reivindicaciones de Asaja Castilla y León. La Opa también critica que no se haya abonado la ayuda a zonas desfavorecidas y no se resuelvan las ayudas agroambientales de la campaña pasada . «A pesar de los compromisos de la Administración regional de abonar al campo los anticipos de las ayudas europeas lo antes posible, lo que la normativa europea permite desde el pasado 15 de octubre, a fecha de hoy los agricultores y ganaderos siguen sin percibir importantes líneas de ayudas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR)». Así pues, tanto la ayuda a zonas con limitaciones naturales y específicas (zonas desfavorecidas) como la resolución y pago del anticipo de las ‘intervenciones medioambientales y climáticas’ (agroambientales) «todavía siguen retenidos», asegura la organización.

Subraya Asaja de Castilla y León que se trata de unas líneas «muy importantes, tanto por su compromiso medioambiental como social», y de las que todavía los agricultores y ganaderos «no tienen noticia ni de cuándo se abonarán ni, en el caso de las agroambientales, de la resolución de las solicitudes para que los beneficiarios puedan firmar los contratos plurianuales, importante en un año como este, de cambio por la nueva PAC». AGRICULTURA ECOLÓGICA

En este paquete de ayudas se encuentran la agricultura ecológica, cultivos agroindustriales sostenibles, superficies forrajeras pastables y apoyo a la trashumancia, agroecosistemas extensivos de secano, abonado orgánico, razas autóctonas en peligro de extinción, pastoreo con ovino y caprino y apicultura para mejora de la biodiversidad (Pepac 2023-2027), informa la Opa, así como las ayudas a explotaciones en zonas de montaña y otras zonas con limitaciones naturales, todas ellas financiadas por Feader.

El hecho es que, cuando está a punto de concluir el año y los agricultores ya han tomado sus decisiones de siembra, todavía no han recibido, «ni siquiera saben si se les ha concedido», la ayuda medioambiental de la campaña pasada para seguir cumpliendo con los ‘compromisos’ aún pendientes de suscribir. Por ello, Asaja insta a la Consejería «a abonar lo antes posible y ya en su totalidad las ayudas pendientes».

En similar situación se encuentra la ayuda a zonas con limitaciones naturales o desfavorecidas , «aunque en este caso todavía se comprende menos el retraso en el pago, al tratarse de un apoyo anual y sin complicaciones burocráticas, por lo que debería estar ya ingresado en las cuentas de los agricultores y ganaderos». Asaja subraya la importancia de esta ayuda, con un enorme carácter social y que se reparte en las áreas más complicadas del territorio autonómico.

UCCL, por su parte, a través de su organización estatal, Unión de Uniones, ha valorado positivamente la gestión de la Junta de Castilla y León en el pago de ayudas, concretamente en el abono del anticipo de las ayudas directas de la PAC. La Opa asegura que mientras el resto de las comunidades autónomas han pagado poco más del 40% de los importes, «solo Castilla y León y Navarra se han acercado al 70% del pago» autorizado por la Unión Europea.

Unión de Uniones ha constatado, según manifestó el pasado jueves, que del anticipo del 70% de ayudas directas de la PAC que las Comunidades Autónomas deberían haber hecho efectivo antes de acabar el pasado mes de noviembre «únicamente los agricultores y ganaderos habrían recibido alrededor de un 41%, por lo que la mayor parte de las regiones se sitúa muy por debajo de ese porcentaje», en referencia a otras autonomías .

La estatal de UCCL recuerda que por las especiales dificultades de la presente campaña, la Comisión Europea autorizó a los Estados miembros a realizar anticipos de hasta un 70% de los pagos directos de la PAC. «Este anticipo podía hacerse efectivo entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2023, puesto que, a partir de esa fecha, los organismos competentes, pueden realizar ya pagos ordinarios», explica la Opa. «Según la estimación del Ministerio de Agricultura, el anticipo debería llegar a suponer el adelanto de unos 3.350 millones de euros a los agricultores y ganaderos. Sin embargo, las solicitudes de prefinanciación de las Comunidades Autónomas ya rebajaron inicialmente esa cifra hasta los 2.759,4 millones de euros, lo que ya no sería un 70%, sino algo menos del 58%».  SOLO DOS CUMPLEN

A fecha de 26 de noviembre, a falta de cuatro días para que los pagos pudieran considerarse anticipos, las comunidades autónomas habían abonado según los datos de pagos del Feaga solo 1.952,6 millones de euros, lo que representa apenas un 41% de las ayudas directas. «Anuncian el anticipo del pago de la PAC del 70% a bombo y platillo y luego se queda al final en pura propaganda», critican desde la organización.  «Las únicas Comunidades Autónomas que se han aproximado al 70% son Castilla y León y Navarra», aseguran desde la Organización Profesional Agraria. «En el extremo contrario están Asturias, Cantabria y Cataluña, que no han realizado ningún pago». 

Si se comparan las cantidades que han anticipado las diferentes administraciones de las comunidades autónomas con los pagos directos realizados en la pasada campaña, «en el vagón de cola, con abonos por debajo del 30% estarían Baleares, Extremadura, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia. Andalucía, por su parte, habría anticipado cerca de un 50% y el resto, Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, y País Vasco estarían en un margen del 30% al 40%».

Por otro lado, la mayor parte de las cantidades abonadas se corresponden con adelantos de la ayuda básica, la redistributiva y el complemento a jóvenes . En muy pocas comunidades autónomas (Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra, fundamentalmente), se han pagado anticipos sobre los ecorregímenes o las ayudas asociadas, apunta la misma fuente.

«Las administraciones se excusan en que el período de solicitud se amplió hasta el 30 de junio y ha dejado menos plazo para que se hagan los controles necesarios para el pago. Sin embargo, lo que no dicen es que, en muchos sitios, aunque la ventanilla se abría oficialmente el 1 de febrero, no se pudieron presentar expedientes hasta mediados de abril» recuerdan desde la organización, «y que los plazos han sido los mismos para las que han pagado y para las que no». Unión de Uniones considera que se trata de una cuestión de previsión, de agilidad administrativa y de voluntad política. «Las que han querido pagar, han podido» concluye la organización.

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