Temor latente en la región a una nueva plaga de topillos

La a proliferación de topillos en determinadas zonas de Castilla y León comienza a ser «bastante preocupante» y el riesgo de plaga en estos momentos es «muy alto». De momento, los daños causados por estos roedores son palpables en Tierra de Campos (Valladolid), Campos (Palencia) o Pisuerga y Arlanza (Burgos). Sin embargo, el coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, advierte que «estamos a un paso de la eclosión».

En la misma línea, el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, remarca que la plaga de topillos «se va extendiendo en Tierra de Campos como sucedió en 2007». La situación, a su juicio, ya es «preocupante» por los «perjuicios económicos» que está causando en las fincas de cereal, alfalfa, girasol o de regadío. Por si fuera poco, también hace hincapié en el «riesgo» para la salud de otros animales, «principalmente las liebres u otras especies que se están muriendo por la tularemia», e incluso de las personas. No solo de agricultores y ganaderos, sino también de cualquier ciudadano «en contacto con el medio ambiente».

Tras la denuncia pública de COAG hace un par de semanas, la Junta de Castilla y León decidió autorizar el laboreo con volteo una vez finalizada la recolección de la cosecha para hacer frente a la plaga. Nada más tener constancia de dicha decisión, la organización agradeció la «celeridad» del Gobierno regional mientras incidía en la importancia de que dicha medida no conlleva un incumplimiento de la condicionalidad de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Según Pérez, el volteo garantiza en buena medida la «destrucción de galerías y de huras». Además, es una «medida importantísima que no cuesta nada» salvo en aquellas zonas donde se han firmado acuerdos con ganaderos para el aprovechamiento común de pastos y rastrojeras. Ahora bien, tampoco obvia la necesidad de impulsar otra serie de actuaciones como la «limpieza de desagües» o la «quema de rastrojos», que «deja al descubierto a los roedores y son presas más fáciles para los depredadores».

A pesar de la reciente autorización de la Junta, Dujo recuerda que Asaja ya manifestó en su día que las medidas para controlar la proliferación de topillos eran «totalmente insuficientes». En su opinión, visto lo visto en la actualidad, cree que «el tiempo nos está dando la razón», ya que esta plaga, como ocurre con los incendios forestales, debe empezar a prevenirse «en invierno o en primavera».

El problema de los topillos en Castilla y León, a juicio del líder regional de Asaja, reside en que «el inicio de la plaga está en los terrenos de las administraciones». Es decir, en todas aquellas cunetas, arroyos o linderas de ríos y caminos que acusan una «falta de limpieza y de control» que favorece la expansión de estos roedores por los campos de cultivo. Por lo tanto, no duda en remarca que «el reservorio de los topillos viene dado por el mal uso de las infraestructuras por parte de las distintas administraciones».

«Las medidas de control que la Administración propone no van a servir en ningún caso para controlar la plaga, no van a servir para que se pueda erradicar», insiste Dujo mientras hace hincapié en la necesidad de establecer medidas «preventivas» antes de que la plaga siga «extendiéndose a sus anchas» sin que la Consejería de Agricultura y Ganadería «haga nada efectivo» para evitarlo.

De igual manera, Pérez considera que ha llegado el momento de «ser drásticos» porque en 2007 «no se actuó a tiempo» y cuando al final se adoptaron medidas para evitar la expansión de los topillos «ya era tarde y tuvimos unas consecuencias nefastas» que traspasaron el ámbito agroganadero hasta alcanzar al «conjunto de la sociedad». Y es que echando la vista atrás, recuerda cómo «la convivencia con estos roedores generó una situación de crispación y de hastío entre la gente». También de preocupación, pues no hay que olvidar que «son transmisores de enfermedades».

A tenor de lo que está pasando actualmente en las áreas afectadas, tanto Pérez como Dujo estiman necesario que se actúe «rápido y de forma contundente». El problema, según el coordinador autonómico de COAG, está «a punto de explotar» y los agricultores «no podemos estar inventándonos todos los días una medida para ver si les gusta a los señores políticos». Son precisamente ellos, los representantes públicos, quienes deben «legislar para solucionarlo», apostilla.