Una promesa que queda en el tintero

Las campañas electorales dibujan un escenario idóneo para la proliferación de promesas, pero también para hacer balance y comprobar cuántas se han cumplido. O cuántas han quedado en el tintero, como es el caso del nuevo real decreto para el etiquetado de la miel. El ministro Luis Planas fijó su puesta en marcha en la antesala de los comicios nacionales, pero no ha sido así. Y eso que resta un último paso, pues el texto normativo final ya estaba en marzo, tras pasar por consulta pública en enero.

La propuesta del Ministerio recoge la modificación de un artículo único del Real Decreto 1049/2003. El apartado 5.1.4. de la norma quedaría así: «Deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en los que la miel haya sido recolectada, en orden decreciente de peso de cada una de las fracciones que la componen». Y es que las menciones permitidas hasta el momento –«mezcla de mieles de la Unión Europea», «mezcla de mieles no procedentes de la UE», y «mezcla de miles procedentes de la UE y no procedentes de la UE»– carecen de transparencia.

La decepción por la no entrada en vigor de esta novedad es palpable entre los apicultores que ya suman cinco años volcados en la consecución de una «normativa apolítica». Un lustro lleva al pie del cañón la plataforma Etiquetado Claro, cuya lucha se ha intensificado desde el pasado noviembre. Este nombre abraza a unas 70 asociaciones nacionales, siendo una quincena de Castilla y León. Su portavoz, Mario Fernández, explica que ahora esperan resignados a que se conforme el nuevo Gobierno para «meter caña» y conseguir que sea una de las medidas de los 100 primeros días. La urgencia está justificada en su beneficio triple para productores, consumidores y medio ambiente.

Una palabra basta a este apicultor y también abogado para definir la situación de la miel: fraude, con una gran industria que maneja los mandos y «no está por la labor» de solucionarlo. ¿Y por qué es tan importante este decreto para ello? A pesar de ser «una norma pequeñita de un total de seis artículos», es clave porque «define el producto y cómo conseguirlo, con los parámetros de calidad que ha de tener».

Tres son los puntos por los que esta plataforma levanta la voz. El primero hace referencia a la importancia de distinguir el «porcentaje de miel» que llevan las mezclas en las que se añade, por ejemplo, ginseng o jalea. En segundo lugar, es «básico» concretar el país de origen donde se cosecha. «No puede ser que Portugal esté vendiendo cinco millones de toneladas cuando no tiene infraestructuras para ello», denuncia antes de desvelar que lo que hace el país luso es comprarla a otros, principalmente China, para luego comercializarla como propia.

«Estas medidas no son una invención de los apicultores, sino la defensa de lo que dice la Unión Europea», asegura para añadir su tercera y última petición: especificar cuándo se sobrecalienta la miel. Fernández concreta que «se degrada a unos 45 grados», por lo que a partir de esta temperatura «y con un máximo de 50» debería venderse como «jarabe o edulcorante».

INTENCIONES

Para el presiente de la Asociación Berciana de Apicultores (Aberapi) hasta el momento solo existe «una declaración de buenas intenciones». Pablo Iglesias asegura que el nuevo decreto pondría sobre la mesa la «trazabilidad» de la miel y echaría el freno a una «competencia desleal» en la que salen perdiendo los productores del país. «Detrás de la etiqueta de ‘procedente de la UE’ te encuentras con un 10% de España frente a un 90% de China», asegura sin entender por qué no consideran esta actuación como prioritaria.

Fernando Román es apicultor y la cabeza visible del Colegio de Veterinarios de Palencia. Advierte que la miel es el tercer producto con más fraude a nivel mundial, por detrás del aceite de oliva y la leche. «Como no hay producción suficiente para todo lo que se consume, se recurre al engaño dentro de su composición. Hay gente desaprensiva que compra miel adulterada a bajo precio y la vende como si fuese natural», apunta.

Con este negocio, matiza Benito Gonzalo, lo que consiguen las «grandes empresas» –que a su juicio son quienes están detrás– es «bajar los precios nacionales hasta unas cifras ridículas que sacan el grueso del producto español a la exportación». Es miembro de las dos agrupaciones apícolas existentes en Valladolid: Aprova y Ava.

A la palabra fraude, Gonzalo añade otra: triangulación. «En Portugal compran miel china que luego venden a España como europea», asegura antes de remarcar que la prueba está en la «estratosférica» producción que reflejan los datos de las colmenas portuguesas. Y en este escenario lanza una advertencia: «Hay muchísimos fitosanitarios que en Europa están prohibidos por razones obvias y en China no lo están. Es un peligro para la salud pública porque al pasar por Portugal se les da el visto bueno, pudiendo estar contaminadas».

Las Organizaciones profesionales agrarias (Opas) de la región comparten el reclamo del sector apícola. «Los agricultores y ganaderos queremos que la gente sepa lo que compra porque estamos convencidos de que los españoles prefieren productos de aquí», asegura el coordinador de la alianza UPA-COAG. Aurelio González remarca que el consumidor tiene «derecho a saber en todo momento lo que está adquiriendo».

El presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, reconoce que confiaba en que esta promesa «fuese una realidad antes de las elecciones». Y garantiza que continuarán «insistiendo al nuevo Gobierno, sea del color que sea, para que recorra este importante camino de identificar los productos».

En las «presiones de los importadores» ubica el responsable de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) la explicación a «una buena intención que no se ha terminado de rematar». Jesús Manuel González Palacín concreta que son «poquitos pero muy potentes y su negocio está realmente en no etiquetar, es decir, en engañar al consumidor». A su juicio, es una cuestión de «intereses» cuyo «pato» acaba pagando el apicultor que sí produce con calidad.

AVISPA AFRICANA

A pesar de la decepción, no pierden la esperanza y conscientes de que el comienzo de una legislatura es sinónimo de predisposición a escuchar propuestas, los apicultores ponen otra solicitud sobre la mesa: el protocolo frente a la avispa africana. «Llevamos peleándolo desde el año pasado. Estamos casi todas las asociaciones de la región presionando al Ejecutivo autonómico pero nos dan largas», asevera el presidente de la berciana.

Iglesias explica que es necesario que desde el Gobierno regional levanten la «prohibición de captura» y permitan a los apicultores «trampear a las reinas para poder capturarlas, que no pongan nidos e impedir que continúen expandiéndose». Esta caza tiene sentido durante la primavera por lo que estima que se queden sin tiempo.

Gonzalo alarma, desde Valladolid, de la expansión por toda la Comunidad de esta plaga. «Ya tiene presencia en un 70% de la Comunidad», asegura antes de recordar que hace tres años sacaron un «breve protocolo de cuatro páginas que no han aplicado». La evaluación de los plaguicidas y una mayor investigación completan las peticiones de este sector.