Unificación de criterios para los productores asociados de carne

Expectación y dudas prácticamente a partes iguales. Es la sensación que despierta el borrador del Real Decreto planteado por el Ministerio de Agricultura para regular el reconocimiento de las organizaciones y asociaciones de productores de carne de vacuno, ovino y caprino. El documento, sometido a información pública, dispone de un plazo para la presentación de alegaciones y sugerencias hasta el 17 de abril.

¿Qué propone exactamente el Gobierno con la nueva normativa? La regulación sobre estas asociaciones promovería «la investigación y fomento de prácticas sostenibles, la asistencia técnica a los productores, la gestión de los productos derivados y el desarrollo de instrumentos de gestión del riesgo» para «fortalecer la posición de los productores en la cadena de valor alimentaria». Partiendo de esta base, sería necesario «armonizar, racionalizar y ampliar» las disposiciones vigentes y el reconocimiento de estas agrupaciones para consolidar su equiparación en el marco de la Unión Europea.

El Ejecutivo prevé mejorar la «comercialización y planificación» de las producciones garantizando la «adaptación de la producción a la demanda» y la «optimización de los costes de producción y la estabilización de los precios» que percibe el primer eslabón de la cadena, tal y como se contempló en la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de 2013. En este sentido, el borrador alude a la «experiencia positiva» en los sectores lácteo y cunícola.

Cualquier medida encaminada a aunar los intereses del sector bienvenida sea. Sin embargo, el ganadero y secretario general de UPA en Burgos, Gabriel Delgado, considera que el Ministerio que dirige Luis Planas debería centrar sus esfuerzos en «conservar lo que tenemos para que no desaparezca». Con ello se refiere, básicamente, al desarrollo de actuaciones concretas para que la ganadería cárnica esté «más protegida» a todos los niveles, empezando por un mayor control de las «procedencias» para que los criterios de trazabilidad se cumplan al 100%, ya que a día de hoy todavía se siguen «trayendo canales de otras zonas» con vitola nacional.

En la misma línea, el responsable de ovino y caprino de UCCL, José Antonio Martínez, lamenta que desde las administraciones, central y regional, «no se está mirando por el sector» porque se sigue dando «gato por liebre» al consumidor en el caso de los corderos sin ir más lejos. El problema, en su opinión, reside en que los ganaderos «no tenemos poder de negociación con la industria», de ahí su percepción de que, visto lo visto, «las organizaciones de productores no están sirviendo para mucho».

Delgado pone el foco sobre Castilla y León, donde las explotaciones en extensivo -«sobre todo de ovino y caprino- están «desapareciendo a pasos agigantados» por su escasa rentabilidad, el envejecimiento en el sector y la ausencia de «relevo generacional». Martínez, por su parte, recalca que «los ganaderos no queremos subvenciones ni créditos a interés cero», sino que el producto «valga lo que tiene que valer».

Por eso, su sindicato reivindica un «diálogo» entre iguales a la hora de configurar la nueva normativa, bajo el arbitraje de la Administración, con los «costes de producción encima de la mesa».

Junto a los objetivos inicialmente expuestos por el Ministerio, el borrador también abre la puerta a la «externalización» de actividades «distintas a la producción» de acuerdo a la «potestad» que la Organización Común otorga a los estados miembros. La medida también incluye a las empresas filiales siempre y cuando cumplan las «condiciones que se establezcan en la normativa de la Unión Europea». En cualquier caso, deberán ser las propias asociaciones las que se encarguen de «garantizar la realización de la actividad externalizada y del control y supervisión del acuerdo comercial relativo a la realización de la actividad».

Finalmente, el Mapa propone la creación de un Registro nacional de productores y sus asociaciones. ¿Qué requisitos deben cumplir las organizaciones para ser consideradas como tal? En el caso del vacuno, el volumen mínimo comercializable en cebaderos y explotaciones de reproducción para producción de carne asciende a 15.000 ejemplares. En cuanto al ovino y el caprino, el censo deberá igualar o superar las 150.000 unidades. No en vano, el borrador contempla «excepciones» para las denominaciones de calidad y zonas insulares.