Más control sobre los productos ecológicos

Mucho ha llovido desde aquel informe del Tribunal de Cuentas Europeo que analizaba los mecanismos de control sobre la «producción, transformación, distribución e importación de productos ecológicos». En ese tiempo, los países comunitarios se han sometido a distintas auditorías para subsanar las «insuficiencias» detectadas en dicho dossier, que abordaba de manera «exhaustiva» los «regímenes de importación» con los denominados «terceros países equivalentes», aquellos cuyas normativas cuentan de entrada con el beneplácito de la UE. Ahora, el Tribunal acaba de publicar un nuevo informe que constata, en primer lugar, que los actores implicados han hecho los deberes en gran medida. Sin embargo, la publicación también recoge una serie de sugerencias aceptadas por la Comisión Europea, que se compromete a garantizar su aplicación a partir del año que viene con la excepción del punto que alude a la accesibilidad transfronteriza, cuyo cumplimiento se pospondría hasta 2024.

La auditoría del Tribunal de cuentas se llevó a cabo entre 2017 y 2018 a través de exámenes documentales, entrevistas con responsables de las direcciones generales de Agricultura y Desarrollo Rural y Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea y videoconferencias con representantes de los seis estados miembros visitados con motivo del informe especial de 2012. Entre ellos se encuentra España, cuyo campo de análisis fue Andalucía.

Según detalla el informe del Tribunal de Cuentas, los controles desarrollados por la autoridad competente en España «no estaban suficientemente documentados». Además, «las inspecciones anuales de supervisión de los organismos de control no mencionan los controles a la importación o la revisión de las listas de comprobación específicas de las importaciones».No en vano, el informe pone de relieve que nuestro país ha comenzado a adoptar medidas encaminadas a «subsanar la mayor parte de las insuficiencias observadas en el último examen». En concreto, los compromisos adquiridos aluden a «modificaciones del marco jurídico» y «mejora de los procedimientos y las directrices de supervisión de los organismos de control».

En términos generales, el Tribunal de Cuentas establece tres grandes recomendaciones. En primer lugar, «subsanar las insuficiencias pendientes en los sistemas de control y en los informes de los estados miembros». En este sentido, la Comisión Europea acepta la sugerencia y recuerda que el nuevo Reglamento sobre productos ecológicos que entrará en vigor en 2021 contempla la inclusión de «disposiciones uniformes aplicables» cuando las autoridades competentes se vean en la obligación de tomar medidas ante «presuntos incumplimientos o incumplimientos probados».

En segundo lugar, la CE acepta la recomendación de «mejorar la supervisión de las importaciones mediante una mejor cooperación», lo que requerirá una exhaustiva evaluación de las «vías legales» para reforzar dichas fórmulas de coordinación conjunta. Por último, el informe incide en la necesidad de «realizar controles de trazabilidad más completos» más allá de las actuaciones «ad hoc» actualmente en curso sobre «remesas sospechosas».

Las valoraciones remitidas a la Comisión Europea resultan «especialmente interesantes» para Unión de Uniones, que de entrada celebra el reconocimiento del «excelente trabajo y el compromiso de los agricultores y ganaderos ecológicos de la Unión Europea» a la hora de someterse a los sistemas de control que verifican la «calidad de su producción y el respeto a las normas ecológicas». No obstante, la organización que coordina el burgalés José Manuel de las Heras cree que se deben exigir los mismos requisitos a los productos importados -empezando por el etiquetado de su procedencia- para que los consumidores puedan «decidir responsablemente» qué modelo productivo«quieren apoyar».

El sindicato también valora de forma positiva el futuro cambio reglamentario sobre producción y etiquetado de productos procedentes de terceros países que sustituirá el principio de equivalencia por el de observancia, de tal manera que las importaciones deberán cumplir las normas europeas en vez de considerar, como hasta ahora, que «el trabajo de sus organismos de control es equivalente al de los de la UE». El problema, tal y como remarcan desde Unión de Uniones, reside en que por el momento «se sigue manteniendo la posibilidad de permitir la entrada a productos ‘equivalentes’ en el marco de los acuerdos internacionales».