Aguas subterráneas bajo control

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene un control constante de los acuíferos de la Cuenca, en especial de las masas de agua que se encuentran en mal estado (Tierra del Vino, Medina del Campo, Tordesillas y Los Arenales), para verificar la tasa de recarga durante el invierno y la primavera de este año.

Aunque, inicialmente, no se prevén restricciones en las aguas subterráneas, más allá de las limitaciones ya contempladas sobre las autorizaciones de nuevas extracciones de agua en zonas no autorizadas, la Confederación «no las descarta», como señala Ángel González, comisario de aguas de la CHD, que insiste en que «a día de hoy no se ha tomado esa decisión». Una medida que dependerá de la recuperación de las masas de agua, especialmente de aquellas que se encuentran por debajo de los valores medidos.

En poco más de un mes, el uno de abril, se iniciará oficialmente la campaña de riego en la que se va a intensificar, al igual que ocurrió en 2017, la vigilancia por parte de la CHD en las zonas más problemáticas y con mayores déficits con el objetivo de controlar los riegos no autorizados. Los niveles de los acuíferos han descendido de forma significativa en zonas como Medina del Campo y Tordesillas, por lo que el reto, como apunta desde la comisaría de aguas es «focalizar» la atención allí, en cumplimiento del Plan Hidrológico, al igual que en el resto de la Cuenca.

La realidad es que el verano seco y largo de la pasada campaña obligó a prolongar el periodo de extracción de agua más allá de un año normal, lo que ha provocado mayor consumo que otros años en los acuíferos. Por otra parte, la lluvia y nieve registrada en las últimas semanas en Castilla y León ha sido desigual, según las zonas, por lo que la recarga de las aguas subterráneas se ajustará a las distintas situaciones.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, en 2017 se abrieron 421 expedientes sancionadores por riegos ilegales en la Cuenca, de ellos, 132 corresponden a aguas superficiales y 289 a las subterráneas, un 68%. Cifras que superan las de 2016, con 112 expedientes sancionadores cerrados (67 de aguas superficiales y 45 de subterráneas).

Una estadística que es fruto de una campaña de vigilancia «intensa» en toda la Cuenca, con especial incidencia en las aguas subterráneas, donde los aprovechamientos están «menos controlados». Es decir, principalmente en las provincias de Valladolid, Zamora, Ávila, Salamanca y Segovia.

Según los datos del sector, de las 550.000 hectáreas de regadío que hay en Castilla y León, 170.000 corresponden a la extracción de aguas subterráneas. De las 380.000 restante que se riega de aguas superficiales, habría aún 150.000 hectáreas por modernizar. Uno de los principales retos del campo en la actualidad.

La mayoría de los expedientes sancionadores abiertos en la Cuenca del Duero por riego ilegal corresponden a infracciones leves, que pueden suponer multas de hasta 10.000 euros, a las que habría que añadir la indemnización por los daños causados al dominio público hidráulico, si lo hubiera, que se calcula según los parámetros de la administración. Las infracciones más graves, de más de 15.000 euros, no llegan a docena de expedientes, como apuntan desde la Confederación.

El comisario de agua adjunto, Urbano Sanz, insiste en que el agricultor está tomando cada vez más conciencia de la situación actual y está corrigiendo las irregularidades cometidas, por lo que cree que este año puede haber «menos multas». La CHD impuso la campaña pasada un aluvión de sanciones a los agricultores con concesiones de aguas subterráneas por rotar el riego entre parcelas sin autorización, aunque no se hubiera modificado el consumo asignado. Un control que se va a mantener para cumplir la Ley, como recuerdan desde la Confederación.

La CHD es tajante en este tema. Desde la comisaría de aguas insisten en que la rotación de cultivos, desde el punto de vista de la Ley de Aguas, exige la titularidad de las parcelas a regar. De esta forma, si no hay titularidad no es posible el uso del agua en esas parcelas. Algo que cuestiona el sector que no entiende las sanciones, y reclama «mayor flexibilización».

En este contexto, ya son muchos los profesionales que han regularizado su situación a través de expedientes de modificación de características, comunicando la parcela en la que se va a regar, sin incrementar el consumo de agua. El sector está optando además por un nuevo modelo a través de las pequeñas comunidades de convenio de aguas subterráneas para lograr una mayor flexibilidad en el uso del agua. En ellas, el volumen máximo asignado a los derechos individuales se reparte entre los usuarios en función de las demandas y disponibilidades, sin necesidad de modificar la concesión.

La «progresiva mentalización» a favor de este modelo se ha traducido, según los datos de la CHD, en un número de peticiones en 2017 superior a las registradas en la suma de los cinco años anteriores. Así, entre 2011 y 2016 el número de comunidades constituidas de menos de veinte usuarios, para poder incluir en las concesiones nuevas fincas que permitan la rotación de cultivos, fue de 222, mientras que desde 2017 hasta ahora, según los últimos datos, han iniciado ya sus trámites 258 comunidades. Hay que apuntar que, por provincias, Valladolid suma casi 200 y el resto se distribuyen, por este orden, entre Zamora, Salamanca, Segovia y Ávila.

Las rotaciones fueron el principal caballo de batalla del sector la pasada campaña, junto a los problemas con los pozos de minas, es decir, aquellos anteriores a 1985. En este sentido, los técnicos de la CHD apuntan que las demandas civiles interpuestas para inscribir estos pozos en el catálogo de aguas privadas de la CHD es de «algo más de cincuenta», la mayoría localizados en Valladolid, seguida de la provincia de Zamora y algunos en Ávila.

Es obligatorio acudir al juzgado en este caso para que se reconozca la autorización de minas y poder regar con ellos.

Hay que destacar que no todas las demandas judiciales han sido favorables a los interesados y que, incluso en estos casos, « a veces se ha procedido a la inscripción con un caudal menor al anteriormente concedido», es decir, limitando el uso. Así lo constata el comisario adjunto de la CHD, que explica cómo algunos regantes pretenden «aprovechar» esta situación para ordenar los aprovechamiento en mejores condiciones que las que tenían en 1985, algo que la Confederación está comprobando.

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero subrayan la existencia de riego «poco regularizado» en la Cuenca, aunque mantienen al mismo tiempo que la tendencia está cambiando. Conscientes de la necesidad de optimizar el uso del agua, los regantes están haciendo caso de las soluciones aportadas por este organismo regulador, como en el caso de las pequeñas comunidades de convenio.

El proceso para llevar a cabo las comunidades de aguas subterráneas, con muchos más usuarios, es «más complejo», como reconocen desde la CHD, por eso, de momento no hay ninguna comunidad constituida, aunque se está trabajando en esta estrategia. Sin duda, como señala el comisario , «la evolución de los acuíferos determinará la toma de decisiones». De momento, se quiere avanzar en distintos modelos organizativos que hagan frente a la situación actual.