El subdelegado avisa ante las protestas contra Israel en la crono de La Vuelta: multas de 60.000 euros

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha confirmado que se reforzará la presencia de la Policía Nacional en la contrarreloj de la Vuelta a España que se celebrará el próximo 11 de septiembre para "intentar" evitar situaciones de "peligro" por posibles protestas por el conflicto en Gaza, al tiempo que ha advertido de que se impondrán "sanciones muy duras" a quien ponga en "riesgo" la integridad de los deportistas e integrantes de la caravana ciclista.

Así lo ha señalado después de participar esta mañana en la Junta de Seguridad Local, en la que también han estado presente el alcalde, Jesús Julio Carnero, y representantes de "agentes implicados" en la seguridad de la prueba.

Canales ha mostrado su sorpresa, "sin querer entrar en ninguna guerra", por la ausencia de algún representante de la organización de la ronda española, para ahondar en que habrá refuerzos con agentes de otras provincias para intentar garantizar la seguridad en el desarrollo de una etapa "muy compleja".

En este sentido, ha evidenciado el "riesgo" de que se reproduzcan ese día las protestas por el conflicto en Gaza y más teniendo en cuenta las características de la prueba, una contrarreloj. "No podemos garantizar al cien por cien que algo como eso no va a pasar en Valladolid, a pesar del despliegue importante que se va a hacer. Pero hay que tener en cuenta que es una prueba de 27 kilómetros de trazado, donde no podemos tener un policía nacional cada diez metros", ha detallado.

Al representante gubernamental le consta que hay grupos que se están organizando para realizar este tipo de reivindicaciones que la pueden "liar" en algún punto del recorrido. "Y el problema no es que paren, para nosotros, desde un punto de vista de seguridad. El problema no es que paren la competición, sino que haya algún accidente, que algún ciclista se vaya suelo, con las consecuencias que puede tener, algún motorista de la Guardia Civil o de otros que están en la organización, o que un vehículo atropelle a alguien que salta al recorrido", ha continuado.

Al hilo de estas palabras, Canales ha advertido de las sanciones a las que están expuestos los saboteadores, ya que se les aplicará la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. "Son sanciones administrativas muy duras, que algunas arruinan a familias. Tenemos experiencia con el fútbol, donde hay actos a los que se le pone una sanción de 60.000 euros. Y son sanciones administrativas, es decir, primero pagas y luego, si quieres ir al contencioso, vas...pero primero pagas. El testimonio del policía es suficiente", ha abundado.

Dicho esto, sí que ha señalado que lo que no permitirán es que se ponga "en riesgo la vida de los participantes en la prueba deportiva", ha zanjado. En este contexto, ha avanzado que, además de los agentes de la Policía Nacional que acompañan a la prueba, con una Unidad de Intervención Policial (UIP), se reforzará con la de Valladolid, que también aportará la Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R.). Además vendrán agentes también de este servicio de otras provincias, hasta un total de "240 agentes", mucho de ellos "de paisano".

"Habrá también bastantes agentes de paisano controlando la situación sin que los potenciales participantes en este tipo protestas sepan que son policías. En total, son unos 240 agentes de la Policía Nacional, a los que hay que sumar la Guardia Civil, que interviene en funciones de movilidad y seguridad vial", ha concluido.