El TSJ responde a Borja Fernández que el registro de su casa fue ordenado por los jueces

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha salido al paso de las declaraciones controvertidas de Borja Fernández, que calificaba a los jueces como «unos mierdas» por no encausar a los agentes que hicieron el registro de su vivienda en 2019, en medio del 'Caso Oikos'.

En un comunicado remitido a los medios, y en relación con las manifestaciones realizadas por el exfutbolista del Real Valladolid en las que afirma que la entrada y registro en su vivienda en mayo de 2019 se realizó sin orden judicial, desde la judicatura indican que «el Juzgado de Instrucción 5 de Huesca, encargado de la investigación, dictó en mayo de 2019 auto ordenando la entrada y registro de la vivienda del investigado», y que además solicitó «el auxilio de los juzgados de Valladolid», de manera que esta «cooperación judicial recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid».

A su vez argumenta que «en aquel momento, 27 de mayo de 2019, las diligencias estaban declaradas secretas por el juzgado de Huesca, por lo que el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid recibió una copia de la parte dispositiva del auto en la que se ordenaba la entrada y registro». De esta forma «con el auxilio de la Policía Nacional, efectuó el registro el día 28, tal y como se solicitaba en el escrito enviado desde el juzgado oscense».

Por lo tanto, indican en el citado comunicado «la entrada y registro en la vivienda del investigado, efectuada por la Policía el 28 de mayo de mayo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, se realiza en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juzgado de Huesca que instruye la causa».

Una respuesta rápida a la reacción que se ha generado a raíz del vídeo publicado por el exfutbolista que se sentía una víctima del proceso, al entender que se realizó de manera «ilegal» y en perjuicio de su persona al considerar que se estaban «vulnerando» sus derechos, al acceder a su vivienda en una operación en la que fue investigado, aunque posteriormente el juez acordó desvincularle de un proceso en el que se demostró que no tuvo culpa alguna.