Mañueco protegerá la «calidad y libertad» de la educación con «todas las herramientas jurídicas»
El presidente lamenta que la ley Celaá renuncie a criterios comunes y garantiza que ningún alumno con suspensos obtendrá Bachillerato
Calidad, equidad y libertad. Tres premisas bajo las que trabaja la Junta de Castilla y León para proteger el sistema educativo de la Comunidad tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como la Ley Celaá, en referencia a la ministra de Educación. Un asunto que va a traer mucha cola.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que compareció ayer en rueda de prensa tras reunirse con las organizaciones representativas de la enseñanza concertada, un colectivo al que afecta directamente la aprobación de la nueva ley, expresó su disconformidad tildando la propuesta legislativa de «pacto contra el Estado». El líder regional defendió que el sistema educativo de Castilla y León es «uno de los más sólidos» a nivel nacional y prometió defender la «calidad, equidad y libertad» de la enseñanza, incluyendo la concertada y la especial, para proteger a la Comunidad ante la Ley Celaá, reafirmando su apoyo a los colectivos y admitiendo que la diferencia entre educación pública y privada es sinónimo de «éxito». «La calidad, equidad y libertad de la educación ha sido un sistema de éxito durante décadas y debemos sentirnos orgullosos de ello, pero también debemos proteger la herencia recibida y mejorarla de cara al futuro», aseveró Mañueco.
Por otra parte, el líder autonómico aseveró que la Junta de Castilla y León empleará «todas las herramientas jurídicas» a su alcance para proteger el sistema educativo de la Comunidad. «Utilizaremos todas las herramientas que permite el estado de derecho», aseguró. En este aspecto, Mañueco lamentó que se haya renunciado a criterios comunes y garantizó que ningún alumno con suspensos obtendrá el título de Bachillerato, defendiendo también la «necesidad» de la existencia de un currículo común y de requisitos iguales a la hora de promocionar y obtener los títulos oficiales, como es la EBAU única, unas premisas que la nueva ley, precisó, deja «sepultadas».
El líder autonómico informó sobre futuras reuniones que mantendrá la Consejería de Educación de la Junta con todos los agentes de la comunidad educativa. «Defenderemos a las familias, los estudiantes, los docentes y a todos los trabajadores del sistema educativa, tanto de los centros públicos como de los concertados. Las puertas de mi despacho están abiertas a todos», manifestó. Por lo tanto, una vez que finalice esa ronda de contactos y en función de lo que recomienden los Servicios Jurídicos de la Junta, se decidirá la posición para ver si hay una lesión de derechos constitucionales o no. En este contexto, también recordó que la ley, todavía, no se ha aprobado, ya que falta el trámite del Senado. «Ahora toca esperar, después estudiaremos la situación jurídica para canalizar cuáles son las posibilidades y alternativas», afirmó Mañueco, lamentando que, «salvo posibles recursos de inconstitucionalidad», la ley será de obligado cumplimiento.
El presidente de la Junta lanzó un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa al destacar que el Ejecutivo autonómico protegerá el sistema educativo, garantizando la calidad y la educación de la enseñanza pública concertada y especial. En este sentido, reconoció que es «fundamental» contar con una normativa en materia de educación que «salvaguarde» los derechos de alumnos y familias, que pasa por proteger la libertad de elección de centros, ya sean públicos o concertados o ya sean especiales y ordinarios porque añadió que el sistema educativo de Castilla y León es también inclusivo.
«PACTO CONTRA EL ESTADO»
El presidente tildó de «pacto contra el Estado» la propuesta educativa aprobada en el Congreso, insistiendo en que «pretende imponerse en el peor momento». «Es una época de resolver problemas, no de crearlos; de dar certidumbre y no provocar disensiones, de provocar oportunidades y no poner en riesgo puestos de trabajo», continuó. Además, reconoció que se está aprovechando la pandemia para acelerar el proceso de aprobación de la ley, sin consenso con las comunidades autónomas, a las que considera «se ha orillado de la decisión».
En este contexto, trató de «antigua» y «sectaria» la propuesta legislativa, que vacía de contenido las competencias del Estado, considerando que el Gobierno central hace dejación de funciones al trasladar a las comunidades regulaciones que le corresponden. «Mi gobierno ha defendido la necesidad de un pacto en educación, reiterado en ocasiones, y esto parece un pacto contra el Estado, creemos que esta ley es mejorable, es un pacto contra la lengua oficial del Estado que trata de privar al castellano de ser la lengua vehicular», cerró el presidente.