PP y Cs aprueban el decreto que obliga a las residencias a tener reserva de EPIs
El PSCyL y Podemos califican de «insuficientes» las medidas de ratio de personal e inspecciones
Las Cortes de Castilla y León convalidaron ayer, con las abstenciones de PSOE y Podemos, el decreto ley de medidas extraordinarias para que las residenciales de personas mayores y personas con discapacidad de Castilla y León estén preparados para hacer frente a un posible rebrote de coronavirus en otoño y contar con unas pautas hasta la aprobación del nuevo modelo residencial.
El decreto ley enviado por la Consejería de Familia recibió 44 votos a favor de PP, Cs, UPL, Vox y Por Ávila y 37 abstenciones de PSOE y Podemos, que calificaron de «insuficientes» las medidas en relación al ratio de personal e inspecciones.
En la presentación, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, enmarcó la normativa en la «necesaria» toma de medidas extraordinarias para «estar preparados» y «prevenir situaciones derivadas de esta enfermedad o de otras situaciones de crisis sanitaria que incidan sobre las personas más vulnerables, mayores y dependientes», así como garantizar la atención a los usuarios de las residencias. «Estas medidas permitirán a las administraciones públicas afrontar cualquier contingencia de carácter extraordinario para paliar los efectos de la correspondiente crisis»
La titular del departamento manifestó que todos los centros públicos o privados deberán contar con un plan de contingencia , en el que figure un análisis del centro número de plantas, habitaciones...–, de los residentes, equipos de protección para al menos cinco semanas ante una crisis sanitaria, que de verificará para comprobar su correcto funcionamiento de uso, y contar con un profesional de enlace.
Además, contará con una línea de financiación a las entidades sin ánimo de lucro para garantizar que se cuenta con material de protección en depósito, se facilitará formación al personal de los centros, los centros deberán ofrecer información para un seguimiento y se reforzarán las inspecciones fueron otras de las medidas enumeradas por la consejera en relación con este decreto ley. «Esta norma da respuesta, es pionera», apuntó Blanco.
La procuradora socialista Isabel Gonzalo calificó el decreto ley de «incompleto» y lamentó que la consejera lo haya presentado sin llamar al Grupo Socialista. Durante su intervención en las Cortes, se centró en los ratios de personal de los centros, que solo aumentarían si hubiera más contagios, y recordó como su falta de plantilla ha llevado a hacer un «gran esfuerzo» durante la crisis sanitaria de la Covid-19.
«Se sigue sin poner los medios adecuados, y esto es responsabilidad suya», reprochó Gonzalo, que también dudó de que se pueda cumplir con la medida del decreto de áreas diferenciadas si hay contagios y pidió claridad sobre la categoría de los profesionales inspectores, informa Ical.
Asimismo, echó en falta la aclaración de como se va a coordinar la atención sanitaria en las residencias y pidió que se informe a los trabajadores de estos centros para que sepan a que atenerse. «Visto todo esto el Grupo Socialista se tiene que abstener» a la espera de la ley «tan necesaria», finalizó.
Por su parte, la procuradora de Podemos, Laura Domínguez , reconoció que algunas de las medidas planteadas son «positivas» y estimó que puede ser un «punto de partida» en la atención residencial, aunque estimó que es «insuficiente». También, preguntó si ante un brote se estará preparados en las residencias, para responder que no, porque hay «carencias estructurales».
El ‘popular’ Miguel Ángel García Nieto , que respaldó la gestión del equipo de la Consejería de Familia, afirmó que este decreto es una «iniciativa muy positiva» que se anticipa y protege a las residentes y trabajadores de los centros ante un previsible rebrote.
El p rocurador de Vox Jesús García-Conde del Castillo , que anunció el voto a favor, reclamó subvenciones para cumplir con el plan de contingencia y abogó por no abocar a sobrecostes a estos centros.
La aprobación de esta línea de ayudas, para las que están previstas cerca de dos millones de euros, permitirá asegurar que alcancen de forma rápida a todas las entidades destinatarias que las soliciten y cumplan los requisitos establecidos. Será subvencionable la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos de agentes biológicos; de material de protección sanitaria; la asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia así como el asesoramiento e información a las personas trabajadoras y usuarios de los centros residenciales de atención social en materia de prevención de contagios en situaciones de crisis epidemiológicas o de salud pública. Además, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de lucro, titulares de centros residenciales de personas mayores o de personas con discapacidad, que lleven a cabo las acciones objeto de la subvención.
«NUEVA ETAPA»
Las Cortes de Castilla y León convalidaron ayer, con los votos a favor de PP, Cs, UPL, Vox y Por Ávila y la abstención del PSOE y Podemos, el decreto ley que perseguía la supresión del catálogo de puestos tipo y la vuelta al anterior mecanismo de la relación de puestos de trabajo, con cuyos cambios se corrigen «errores anteriores» y comienza una «nueva etapa» de consenso en la Administración Pública, según declaró el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en la presentación de dicho decreto ayer en las Cortes. «Es necesario, oportuno y viene respaldado por un amplio consenso».
Por su parte, la procuradora socialista Yolanda Sacristán acusó al Ejecutivo autonómico de no haber contado con su grupo «para nada» y justificó la abstención del mismo en la falta de concreción de dicho decreto.
Para la procuradora del PP Leticia García la convalidación supone la «luz al final del túnel» y una oportunidad para «recuperar el tiempo perdido» mientras que la procuradora de Cs Marta Sanz reconoció la necesidad de hacer «tablar rasa» en un «punto de inflexión» para buscar desde el diálogo y el consenso una «solución eficiente y eficaz» que permita sortear la controversia generada.