Los sindicatos piden auditorías sobre las residencias y la gestión sanitaria
Fernández Mañueco defiende la «importancia» del Diálogo Social en el plan de desescalada
El sindicato mayoritario Unión General de Trabajadores (UGT) aseguró ayer que han pedido auditorías sobre los centros residenciales y sanitarios de Castilla y León.
En la valoración posterior a la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, los secretarios autonómicos de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, explicaron que, a pesar de que la región está a la cabeza en dependencia, a nivel nacional, la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha sacado a la luz las debilidades que presenta el sistema asistencial .
Temprano afirmó que se han ido observando « anomalías », ya que en algunas residencias los contagios son inexistentes, pero en otras hay un 70% de internos infectados, algo difícil de comprender. Por ello, desde la agrupación sindical solicitaron una investigación que englobe estos centros, además de la gestión en los sanitarios.
Con este movimiento, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras pretenden plantear unas bases sólidas para construir una mejor red en el futuro, basada en un pacto sobre la Dependencia, y buscar también una mejora en el trabajo de ayuda a domicilio, tan abandonado.
Por su parte, el secretario de CCOO, Vicente Andrés, evidenció que el 80% de los 100.000 dependientes estaban atendidos por profesionales del sector, lo que, a priori, era una fortaleza, informa Ical, pero que finalmente se ha convertido en una debilidad.
«Hay que tomar una decisión urgente para salvar la dependencia de la Comunidad y adaptarla a la debilidad» , apostilló Andrés, al mismo tiempo que apeló a un gran pacto entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones, los ayuntamientos, las empresas y los sindicatos sobre esta materia, un tema que se pondrá encima de la mesa mañana, en su reunión con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
En cuanto a la asamblea virtual, mantenida con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los consejeros de Empleo e Industria y Economía y Hacienda, Germán Barrios y Carlos Fernández Carriedo, tanto los secretarios autonómicos como los representantes políticos coincidieron en que la desescalada debe realizarse «con un marco geográfico inferior a la provincia».
Los dirigentes sindicales le reclamaron que, si se decide a elaborar unos presupuestos, las cuentas garanticen que no se produzcan recortes en el estado del bienestar y urgieron a que se implementen medidas para los trabajadores de comedores y del transporte escolar, porque se han rechazado los ERTEs en sus empresas y no cobran.
El número uno autonómico defendió «el importante papel» de los miembros del Diálogo Social, en la nueva fase de planificación de la crisis sanitaria del coronavirus.
Fernández Mañueco calificó de «imprescindible» la labor que se viene haciendo desde años atrás en esta mesa «y que debe seguir siéndolo en el futuro», ya que es una seña política de la región.
«Por convencimiento, por ley y por sentido común creo que tenéis que estar ahí, de la mano de los empresarios, defendiendo a los trabajadores y en un proyecto de Comunidad», apostilló el presidente.
Del mismo modo, el presidente anunció que esta semana el BOCYL comenzará a publicar las convocatorias de los acuerdos incorporados en el decreto-ley convalidado el pasado viernes en las Cortes, y que ya están en marcha las ayudas de liquidez y crédito.