Los jubilados piden que la Junta complete las pensiones hasta un mínimo de 1.084 euros

La Coordinadora Autonómica de Castilla y León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones se movilizó ayer para reclamar a la Junta que aporte complementos a las pensiones mínimas y alcanzar los 1.084 euros mensuales. «El Gobierno autonómico no puede pagarnos la pensión porque es una responsabilidad que corresponde al Estado, pero sí puede dar en sus presupuestos una partida de complementos para esas pensiones más bajas».

Así lo declaró la representante de la Comisión de Mujer de la Coordinadora Estatal para la Defensa de las Pensiones Públicas, Marisa Salgado, antes del inicio de la marcha, que congregó a cerca de medio millar de personas de toda la Comunidad y que arrancó en la plaza de Zorrilla de Valladolid para finalizar en las Cortes de Castilla y León, donde se registró una Proposición No de Ley (PNL) para exigir ese complemento, entre otras reivindicaciones de tipo social.

En esta misma línea, destacó que el primer objetivo es alcanzar los 735 euros al mes con 14 pagas al año, «cantidad mínima y básica para subsistir»; sin embargo, reclaman llegar a los 1.084 euros, cantidad que, según recoge la Carta Social Europea, es la propia para poder vivir «dignamente». Así, Salgado recordó que vivir dignamente «no solo es tener los servicios básicos cubiertos, sino que también significa que cualquier persona pueda disfrutar un mínimo del ocio o la cultura».

La representante, que aseguró que hay comunidades autónomas del país que ya han implantado este complemento, como es el caso de Navarra, País Vasco, Extremadura, Andalucía o Cataluña, recalcó que, durante el año que llevan manteniendo encuentros para tratar esta cuestión, tanto PP como Cs aseguran que las pensiones «son competencia del Estado y que como comunidad autónoma ni pinchan ni cortan». Sin embargo, Salgado recordó que existen sentencias del Tribunal Constitucional que mantienen que la Comunidad «puede aportar complementos a las personas que perciban una pensión mínima para poder vivir dignamente».

En este sentido, el representante de la Coordinadora de Valladolid por el Sistema Público de Pensiones, Jesús Isabel, cifró este complemento en torno a 200 euros mensuales, cantidad que beneficiaría a cerca de un 63% de los pensionistas de Castilla y León –alrededor de 365.000 personas– según destacó.

A la movilización, en la que se pudieron ver pancartas con mensajes como «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden» o «Demasiado viejos para creernos el cuento. Blindar las pensiones ya», acudió el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, para mostrar el apoyo de su formación a la Coordinadora Autonómica de Castilla y León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Así, defendió unos «subsidios dignos» en una comunidad autónoma como Castilla y León, que está «especialmente envejecida» y que «cuenta con unas pensiones inferiores a las de la media del país».

«Apoyamos esta PNL para que el Gobierno autonómico complemente las pensiones mínimas hasta asegurar ese mínimo vital que es imprescinsible para garantizar una vida digna a nuestros mayores», apuntó.

Asimismo, Fernández reconoció el trabajo llevado a cabo por la plataforma. «Este es el camino a seguir», destacó; «la lucha en las calles conjugada con el trabajo institucional». «No luchan solo por la defensa de las pensiones, sino también por el futuro de los que vienen detrás», sentenció.

Entre el resto de reivindicaciones que pertenecen al ámbito social también se encuentra el correcto desarrollo de la Ley de la Dependecia, la eliminación del copago farmacéutico o la reversión de la brecha de género; puntos recogidos en la PNL que ayer se presentó en las Cortes.

En este documento se advierte de que «la mayoría de las pensiones no contributivas, 390 euros al mes, son de mujeres» y de que «la brecha en las pensiones está sobre un 35% de diferencia que cobran de menos las mujeres»; por lo que también se reclaman la reversión de esta situación.

En relación con la Ley de Dependencia, Salgado manifestó que sigue habiendo personas que se encuentran en lista de espera y fallecen sin haber recibido las ayudas a las que tenían derecho. «Pedimos que sea efectiva y que se amplíen y mejoren los niveles mínimos», aseveró a la vez que reclamó «la necesidad de aumentar el servicio de ayuda a domiclio», ya que es un servicio «primordial para que las personas jubiladas puedan continuar realizando las actividades básicas de la vida diaria», se recoge en la PNL.

ALTERNATIVAS

Además, reclamaron crear alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, se destacaron propuestas como la creación de más residencias para la tercera edad públicas y de gestión pública, de una red de pisos y apartamentos tutelados o la posibilidad de compartir la vivienda con estudiantes. Respecto a este último plan, Salgado señaló el ejemplo de experiencias como ‘Madrid Acoge’, una red que fomenta la convivencia entre universitarios y personas mayores, que la activista propuso importar a la Comunidad.

Asimismo, desde la coordinadora se propuso eliminar el copago farmacéutico porque «se ha detectado que muchas personas no siguen sus tratamientos médicos por no disponer de dinero para pargarlos».