Los desahucios marcan un mínimo pese al repunte de los causados por impago de la renta

El drama de los desahucios ha salido del foco mediático, entre otras razones porque, a ojos estadísticos, los lanzamientos ejecutados por los juzgados están en retroceso en España y más aún en Castilla y León.

Según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, nunca, desde que en 2013 se comenzaran a contabilizar estos casos, se había producido un número tan reducido de lanzamientos en su conjunto.

1.661 es la cifra de desalojos que se ejecutaron en la Comunidad desde que comenzó el año hasta el pasado mes de septiembre –a razón de seis al día–. Pese a las tristes historias que esconde el frío dato, lo cierto es que atrás quedaron, al menos de momento, imágenes repetidas de familias enteras despojadas de su piso y de sus recuerdos por no poder pagar la letra de la hipoteca o el recibo del alquiler.

El resultado es una caída del 9,8% con respecto a los nueve primeros meses de 2018. Constata el descenso que se viene produciendo en los primeros tres trimestres del año desde 2016 y supone un recorte seis décimas superior al experimentado en el conjunto de España.

Eso sí, fue la sexta autonomía con una rebaja menos pronunciada. Nada que ver con el 30% de reducción vista en Castilla-La Mancha o el 21% de La Rioja.

Solo en el tercer trimestre del año, el periodo menos proclive del año a los lanzamientos dado que los juzgados cierran en agosto, tuvieron lugar 414 lanzamientos en Castilla y León, un 16,9% inferior a la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. En este caso, la caída en la Comunidad fue cinco puntos más abultada que en la media del país (11,9%), lo que llevó a Castilla y León a protagonizar la sexta caída más elevada de España.

Los desahucios, que no solo se ciñen a viviendas habituales, se sitúan en mínimos desde hace seis años, pero el grueso de esa bajada se fundamenta sobre las ejecuciones hipotecarias. Es decir, sobre aquellos que un buen día (o un mal día) pidieron una hipoteca para adquirir una vivienda y, con el paso del tiempo, se ven expulsados de ella ahogados por las letras.

En contrapartida, los protagonistas de hoy, a diferencia de los años más virulentos de la crisis económica, son aquellas familias incapaces de abonar al alquiler de su piso. Tanto es así que los lanzamientos producidos como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos representan prácticamente el 73% de todos los desalojos que ejecutaron los juzgados de la Comunidad de enero a septiembre de este año; un porcentaje idéntico al anotado en el conjunto de España. Y subiendo. Esa escalada se produce en la Comunidad por cuarto año consecutivo.

Fueron en números redondos 1.212 las familias castellanas y leonesas que tuvieron que recoger, cargar todas sus pertenencias y dejar a la fuerza su piso alquilado.

Después de un año (2018) de ligero retroceso, de enero a septiembre de 2019 se ha observado una nueva subida. Porcentualmente tan solo representa un 2,4%, si bien es el segundo porcentaje más alto de toda España. Exclusivamente Galicia le supera.

La situación de Castilla y León contrasta con la vivida a nivel nacional, donde los lanzamientos practicados contra los alquileres se contrajeron en ese mismo periodo un 2,8%.

En el último trimestre del que da cuenta el Consejo General del Poder Judicial, la situación ha mejorado. De hecho, entre julio y septiembre tuvieron lugar un 7,3% menos de lanzamientos que en el mismo trimestre de 2018.

Prueba de que la causa del descenso generalizado del volumen de desahucios está sustentado en la reducción de los lanzamientos por impago de la hipoteca es que, según la estadística, en lo que va de enero a septiembre fueron un 35% menos de castellanos y leoneses los que se vieron obligados a buscar un nuevo techo después de verse imposibilitados para pagar las cuotas de su préstamo hipotecario. En total, 352 familias –191 menos que un año antes–. El recorte en la Comunidad fue nueve puntos más pronunciado que en el resto de España.

El informe del Consejo General del Poder Judicial se detiene, además, a observar el número de ejecuciones hipotecarias (el paso previo a practicarse el desahucio) que se inició en ese periodo. En este caso, el resultado también invita al optimismo. No en vano, éstas se han reducido un 36,5% desde que arrancara el año en relación a los nueve primeros meses del 2018. El recorte sería del 50% si solo tomamos como referencia lo que ocurrió durante el tercer trimestre del año.

POR PROVINCIAS

El duro golpe de tener que abandonar el calor del hogar se vivió de forma dispar en una provincia y en otra. Llamativa resulta la situación de Valladolid. Entre enero y diciembre, la provincia asistió al desalojo de 294 personas, ya fuera por impago de la hipoteca o del alquiler, lo que representa una caída del 27,2% –tres veces más acusado que en el conjunto de Castilla y León–.

La razón principal hay que buscarla en la drástica reducción de los desahucios hipotecarios, que se cifra en el 57%, aunque también al descenso de los lanzamientos del alquiler, que se aminoraron un 15,8%. En el primero de los casos, solo Palencia (-94%) y Soria (-70%) registraron una mayor rebaja que Valladolid. En el segundo, Valladolid lideró la estadística autonómica en cuanto a mayor reducción.

León, en cambio, se convirtió en la única provincia castellana y leonesas con repunte significativo de desahucios. En los tres primeros trimestres del año aumentaron un 5,3% en términos generales, especialmente por el aumento vivido en los alquileres.

Fue también León, y en este caso sobre todo Zamora, las únicas provincias que contradijeron la lectura autonómica, ya que en ambas se incrementaron los desalojos por hipoteca.