El socialista Cabero inicia su mandato en el CES con una quiebra del consenso

El exvicerrector de la Universidad de Salamanca, el socialista Enrique Cabero, no ha tenido el mejor de los estrenos en la Presidencia del CES. El informe previo al decreto de la Junta que elimina los impuestos de sucesiones y donaciones no avala, como hace la mayoría de los dictámenes, la reforma fiscal del Gobierno de coalición y además los sindicatos rechazan expresamente con un voto particular la supresión de ambos tributos porque beneficia «exclusivamente» a los ricos.

Aunque formalmente lleva la firma de Cabero, que tomó posesión del cargo el 26 de noviembre, el informe se gestó en parte antes de su toma de posesión -entró en el Consejo el 7 de noviembre- y en parte después -se aprobó el 2 de diciembre. En definitiva, el también miembro del grupo de expertos nombrado por la Junta y por las Cortes se ha estrenado con una de las excepcionales quiebras del consenso en este órgano que congrega a representantes empresariales, sindicales, organizaciones agrarias, cooperativas y consumidores. Hace casi cinco años que no había en el CES un voto particular.

A diferencia de la inmensa mayoría de los informes de la historia del CES, en ningún caso el documento de 27 páginas valora positivamente la reforma de la Junta. Tampoco negativamente. No obstante, para que saliera adelante este informe preceptivo se buscaron unas conclusiones y recomendaciones exiguas y ambiguas, y en ningún caso se entró en el fondo del polémico asunto para intentar una aproximación de las posturas enfrentadas. En apenas tres párrafos, el pleno del pasado 2 de diciembre aprobó con el voto a favor de 22 de los 36 consejeros una declaración en la que se considera «conveniente acordar unos márgenes comunes a todas las comunidades autónomas, siempre garantizando el principio de autonomía financiera de los diferentes territorios».

Además, el genérico informe llama a establecer «pactos de armonización fiscal entre las comunidades para evitar acciones discriminatorias en materia impositiva que pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema».

Fuentes cercanas al CES aseguran que si se hubiera puesto en el informe la «coletilla habitual» de valoración positiva, no habría salido adelante, lo que revela el nivel de rechazo que la reforma de la Junta ha tenido por parte de las organizaciones de la sociedad civil representadas en el Consejo Económico y Social.

Se da la circunstancia de que el presidente tuvo que avalar ese informe, a pesar de su condición de militante socialista, un partido que arremetió con dureza contra la supresión de los impuestos.

Mucho más amplio que esos tres escuetos párrafos que eluden pronunciarse a favor o en contra de la supresión de estos impuestos es el voto particular que lleva al firma de los representantes de CCOO, de UGT, de los consumidores de UCE y de la organización empresarial de sociedades laborales. Aseguran estos catorce consejeros del CES que la práctica eliminación de estos impuestos es una medida «que beneficia exclusivamente a unos pocos ciudadanos que, además, se encuentran en los niveles de riqueza más elevados, lo que tiene efectos no deseables sobre la capacidad redistributiva de nuestros sistema fiscal».

La contundencia de las cuatro organizaciones contrasta con la forzada vaguedad del informe. El voto particular con el que Cabero arrancó su mandato constata que «la mayoría de los problemas que se producen actualmente en el impuesto de sucesiones y donaciones derivan de la competencia a la baja en la que han incurrido algunas comunidades autónomas, aumentando drásticamente el mínimo exento, las bonificaciones y las deducciones». A su juicio, esta competencia fiscal a la baja sólo ha conseguido «una reducción recaudatoria, deteriorando los ingresos y beneficiando solo a las rentas más altas».

El informe del CES constata que las sucesivas modificaciones normativas de estos impuestos «han recibido valoraciones favorables y desfavorables». Al respecto, se hace eco de la división que supuso en 2006 la bonificación que no eliminación del impuesto que en aquel caso sí logró que la mayoría del Consejo lo valorara «positivamente», pese a que los sindicatos emitieron un voto particular en contra. Posteriormente, en 2012, la recuperación del impuesto recibió «votos particulares» de sindicatos y empresarios; los primeros en contra de las rebajas parciales y los segundos por oponerse al «restablecimiento» de este impuestos porque suponía «una doble imposición al gravar rentas previamente sometidas a tributación, además de penalizar el ahorro».

El antecesor de Cabero y actual consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, se ha prodigado por consensuar los informes. Hay que retrotraerse al año 2013 para encontrar en la web un dictamen con votos particulares. En los 27 años del CES sólo hubo 22 informes con votos particulares, según fuentes del Consejo.