Diario de Valladolid

Salvar el Archivo de Salamanca iniciará acciones penales para pedir el "ingreso en prisión" del actual ministro de Cultura

La asociación salmantina irrumpe en campaña para asegurar que tanto el ministro en funciones como el exconsejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña "han traficado con el patrimonio histórico documental de todos los españoles"

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, junto al abogado, Enrique de Santiago.-ICAL

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, junto al abogado, Enrique de Santiago.-ICAL

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Redacción de Valladolid
Valladolid

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La asociación Salvar el Archivo de Salamanca interpondrá querellas penales contra el actual ministro de Cultura en funciones, José Guirao, el exconsejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferrán Mascarell, y el subdirector general de Archivos Estatales, Severiano Hernández, para pedir su "ingreso en prisión" por haber “traficado con el patrimonio histórico documental de todos los españoles”.

Así lo aseguró, durante la presentación de las acciones judiciales que emprenderá la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, su presidente, Policarpo Sánchez, quien señaló que la decisión se toma tras “haber puesto en conocimiento del Ministerio de Cultura que la documentación entregada a la Generalitat se estaba entregando a organizaciones independentistas mediante resoluciones injustas", informa Ical.

“Eso es un delito y, por eso, interpondremos las querellas penales, que consideramos que no pueden tener otro fin que el ingreso en prisión de los responsables de la Generalitat de Cataluña que han cometido esos delitos, y de los responsables del Ministerio de Cultura que no han tomado medidas conociendo la situación”, afirmó Sánchez.

Las querellas penales se interpondrán como tercera acción de un total de cuatro que llevará a cabo la asociación Salvar el Archivo de Salamanca durante los próximos días. Así, antes del próximo 10 de noviembre, se interpondrá una demanda ante la Audiencia Nacional para “exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con su obligación de exigir a la Generalitat de Cataluña la devolución de los documentos expoliados del Archivo de Salamanca”, actual Centro Documental de la Memoria Histórica.

A ello se unirá la petición de “medidas cautelares” ante el Tribunal Supremo, a partir de la próxima semana, para que “se intervengan judicialmente los documentos originales enviados a Cataluña y que dejen de estar en manos de la Generalitat”, con el objetivo de que esos 400.000 ‘papeles’ que “no se están entregando a sus propietarios, no acaben desaparecidos”.

Por último, la asociación Salvar el Archivo de Salamanca pedirá “responsabilidades administrativas y personales” a los responsables del Ministerio de Cultura “por falta de contestación o inadecuada forma de contestar” ante los escritos remitidos por la asociación salmantina los días 28 de enero, 11 de marzo, 20 de mayo, 12 de agosto y 8 de octubre, en los que reclamaban “la devolución de los documentos al Archivo de Salamanca, tal y como ordenaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.

“El 24 de octubre finalizó el plazo de contestación y no nos han dejado otra opción”, explicó Policarpo Sánchez, quien recordó que la sentencia “decía que mi demanda de devolución de documentos tenía razón pero que tenía que ordenarla el Gobierno de España”, motivo por el que la asociación iniciará las acciones judiciales contra el actual Ejecutivo y no contra el anterior, que como señaló el abogado de la asociación, Enrique de Santiago, “no estaba requerido para el cumplimiento de ninguna sentencia”.

IRRUPCIÓN EN CAMPAÑA

En cuanto al momento elegido para dar a conocer las acciones judiciales, en plena campaña electoral, Policarpo Sánchez se escudó en que “es ahora cuando se han acabado los plazos” y culpó al ministro de Cultura en funciones, José Guirao, por ser “él quien ha ido estirando la cuerda hasta este momento”.

“En enero, cuando remitimos el primer escrito, no sabíamos que habría elecciones”, justificó Sánchez, quien afirmó que el anuncio de las acciones judiciales en plena campaña electoral no lo hacen “por motivos políticos”, sino porque “hay ido cumpliéndose los plazos y el último se ha cumplido en este momento”, en referencia al último escrito remitido al Ministerio de Cultura, por parte de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, el pasado 12 de octubre, casi un mes antes del anuncio del inicio de las acciones judiciales.

 

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