El liderazgo de Castilla y León en servicios sociales reduce al mínimo nacional su pobreza energética
Un informe de Funcas recuerda que las autonomías con más pobreza energética son las más cálidas y relaciona los mejores resultados con la mayor descentralización local del gasto social
-SERGIO GONZÁLEZ
Castilla y León es la autonomía con menores porcentajes de pobreza energética lo que está directamente relacionado con su posición de liderazgo en la prestación de servicios sociales en España. La conclusión se extrae de los Papeles de Energía publicados hoy por Funcas, dentro del estudio titulado ‘Papel del trabajo social y los servicios sociales en la lucha contra la pobreza energética’ de Elena Escribano y Pedro José Cabrera, recogido por Ical.
El documento contrapone los datos del Índice DEC 2018 sobre servicios sociales, con los de pobreza energética del informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) de 2016. En este sentido, Castilla y León lidera ambos ránking, el primero con un 7.45, frente a los 5.22 puntos de la media nacional; con los niveles más altos de derechos reconocidos (9.7), esfuerzo económico (7.3) y cobertura (6.9), frente a puntuaciones en España de 4.32; 6.12 y 5.01. En cuanto a los datos de pobreza, el porcentaje de hogares con temperatura inadecuada se sitúa en Castilla y León en el tres por ciento; la misma cifra que para las familias con retrasos en las facturas, con medias nacionales de diez y siete puntos, respectivamente.
El texto indica que Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia presentan los mayores índices de pobreza energética frente a Castilla y León, País Vasco, Aragón y Madrid, lo que revela que “el clima no influye en los resultados de la forma esperada, pues las regiones más afectadas son las más cálidas”.
En este sentido, la investigación afirma que la pobreza energética constituye “un problema que debe tratarse desde políticas locales y comunitarias, y al verse favorecida la eficiencia del sistema de servicios sociales por mayores grados de vertebración y descentralización local, parece lógico pensar que cuanto mayor es el esfuerzo económico de las entidades locales, mayor es la reducción que puede esperarse en la cifra de pobreza energética”. Asimismo, expone que las diferencias territoriales se explican por la ausencia de una ley de servicios sociales que regule mínimos que garanticen la igualdad de derechos y prestaciones.
El documento recoge que, dada la importancia de la proximidad en la atención de los casos y la prevalencia de pobreza energética, la atención social primaria está sufriendo “las presiones más intensas de la situación, recibiendo las demandas más elevadas, con carácter de urgencia y con muy escasos recursos para solventarlas”. Asimismo, constata la enorme burocratización de los procesos de gestión de las prestaciones y su escasa innovación social”.
“Los servicios sociales de atención primaria están convirtiéndose en oficinas de checking social, inmersas en una deriva asistencialista, más dedicadas a la función clasificatoria de ciudadanos que a la gestión eficiente te la pobreza”, indican. Así, apelan a unas soluciones que “deberían ir encaminadas a generar cambios sistémicos, más allá de las soluciones paliativas” y apuestan por tecnologías renovables; infraestructuras de vivienda; y regulaciones con moratorias, alquileres y prestaciones. Asimismo, se decantan por extender una cultura del ahorro, eficiencia y sostenibilidad; y por implantar hábitos a través de la información, la formación y la sensibilización.