Aumenta la brecha de la pobreza en Castilla y León

Castilla y León vive en una sociedad «extremadamente polarizada», advierte Cáritas. La comunidad es una de las zonas de España en la que más ha crecido la desigualdad entre pobres y ricos. El número de personas en exclusión social en la región es de 368.000, lo que supone el 15,3% de la población, es decir, una de cada siete personas, pero el dato que más preocupa son las 214.000 que están esta situación de forma «severa». Se considera «tremendamente relevante» el incremento en la Comunidad de la población en esta situación.

Se puede comprobar cómo las personas que quedaron atrás durante la crisis han aumentado muy poco sus ingresos respecto a esos años de descalabro económico. Hay menos personas en exclusión social (Castilla y León es la quinta por la cola), pero las que están han acusado la pobreza de manera radical, provocando ser la sexta comunidad con una mayor exclusión severa. Un grupo que preocupa mucho porque ha pasado en cinco años de 129.000 a 214.000, y sobre ellos se «ceba» la precariedad, la desigualdad o el desempleo persistente, entre otros problemas. En el conjunto del Estado la incidencia de la exclusión social severa se ha reducido en un 18,9%, mientras que en Castilla y León ha aumentado de manera preocupante hasta un 65%.

Por su parte, en este periodo las situaciones de exclusión social se han reducido mínimamente en Castilla y León, entre 2013 y 2018 en un 7,5%, bastante menos que en el conjunto de España, donde se han reducido en un 27,8%, y la población en situación de exclusión social ha pasado de 397.000 personas a 368.000.

Así, en 2018, el 56,9% de la población de Castilla y León se encuentra en una situación de integración plena, el 27,8% en una situación de integración precaria, el 6,4% en una situación de exclusión moderada y el 8,9% en una de exclusión severa. Lo que refleja un «proceso de polarización» de la sociedad castellano y leonesa, en la medida en que han aumentado las dos categorías situadas en cada extremo al mismo tiempo que se han reducido las dos categorías intermedias.

Todos estos datos se han obtenidos del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, que se presentó ayer con la presencia del coordinador del estudio, Guillermo Fernández Maíllo; el presidente regional de Cáritas, Antonio Jesús Martín de Lera, y el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.

Según Fernández Maíllo, Castilla y León se ha recuperado de la crisis si atendemos solo a las cifras de creación de empleo, a la dimensión económica, pero la exclusión social incluye más dimensiones. Así, el informe alerta de una desigualdad «notable» en términos de renta entre las personas en exclusión. «El informe es un buen instrumento para contar lo real», apuntó el obispo Luis Argüello.

VIVIENDA . Es el primer generador de dificultades en la sociedad castellano y leonesa. Hay 143.000 personas que residen en una vivienda insegura, lo que significa que no tienen contrato de arrendamiento o que tienen notificaciones de desahucio, y 164.000 personas lo hacen en una vivienda inadecuada, es decir, que no reúne las condiciones para la habitabilidad.

SANIDAD . Es la más determinante en el ámbito de la exclusión social. El 58% de la población castellano y leonesa en situación de exclusión se encuentra afectada por este facto. Además, 54.000 hogares de la comunidad han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por motivos económicos.

EMPLEO . el 13% de las personas que trabajan en Castilla y León se encuentran en situación de exclusión social. Y es que como se indica desde el estudio, «ahora mismo trabajar no es sinónimo de estar tranquilo».

La mayor parte de las personas que se encuentran es estas situaciones se concentran en el medio rural en los pequeños núcleos de población, y el perfil mayoritario, un hombre, de entre 45 y 64 años, y con trabajo en el 45% de los caso. Asimismo, y al contrario de lo que se pueda pensar, el perfil de la exclusión social en Castilla y León está mayoritariamente definido por hogares sustentados por personas de nacionalidad española, que representan el 91,9% de todo el colectivo afectado.