Agricultura asume los intereses de los préstamos para paliar la sequía
Marca el tope en 40.000 euros con cinco años de amortización, más uno de carencia
Efectos de la sequía en el campo regional durante esta campaña.-ASAJA
El agua de mayo no llegó al campo castellano y leonés. Ni en mayo ni en toda la campaña. El sector esperaba, como reza la expresión, la línea de préstamos para hacer frente a los devastadores efectos de la sequía y poder arrancar los motores del nuevo año agrícola. Todo apoyo para enmendar el desastre, o al menos intentarlo, es bienvenido aunque llegue con ciertas «carencias», como reprochan los representantes de las Organizaciones profesionales agrarias (Opas) de la Comunidad.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó ayer la Orden que «busca la liquidez» para las explotaciones de la región, según sintetizó el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en declaraciones ante los medios de comunicación. «Posibilita su acceso a una línea de préstamos cuyos intereses corren a cargo de la Junta», remarcó Jesús Julio Carnero. El departamento que preside asumirá «de forma prorrateada» el «cien por cien del coste de los intereses» de los préstamos preferenciales hasta «un máximo de 1,5 puntos porcentuales» en el caso de pólizas que, comprendidas en los Planes de Seguros Agrarios Combinados de los años 2018 y 2019, se suscriban antes del 31 de octubre con una permanencia de tres años más. Superada esta fecha, la Orden contempla igualmente los compromisos de suscripción antes del 15 de octubre de 2020 y de mantenimiento del seguro durante dos años más. En este caso, la respuesta del Gobierno regional será de un «50% hasta un máximo de 0,75 puntos porcentuales».
En cualquiera de las dos opciones, la Consejería marca el tope en 40.000 euros con cinco años de amortización, pudiéndose incluir otro de carencia.
La obligación de contratar un seguro «no será exigible a los titulares de explotaciones apícolas». Aquellas que estén en un sistema de integración con empresas comercializadoras, por otro lado, «no podrán beneficiarse» de estas ayudas, según puntualiza la Orden.
Otros requisitos
Los beneficiarios de esta subvención deberán formalizar un préstamo preferencial bonificado «con alguna de las entidades financieras colaboradoras» así como «obtener el reconocimiento del derecho» al mismo. Podrán conseguirlo, continúa el texto, los profesionales inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (Reacyl) que, a su vez, cumplan con una serie de condiciones como el alta en la Seguridad Social en el sector agrario por cuenta propia. Otra exigencia apunta a un 50% de la renta, al menos, proveniente de actividades agrarias o de complementarias; requisito del que quedan excluidos los jóvenes que se han incorporado después del 1 de enero de 2016.
Todos estos aspectos vienen detallados en la normativa que busca «aportar liquidez al sector» en un contexto de sequía. «No es como la de 2017 pero sí es importante», remarcó Carnero antes de asegurar que desde su departamento se está haciendo «lo mismo» que hace dos años con «un pero»: el Gobierno central, a diferencia de entonces, «ha decidido no apoyar está línea de préstamos». Postura que los representantes de las Opas coincidieron en criticar. También hubo reproches que no salieron del ámbito autonómico al considerar que la Consejería no ha tenido en cuenta todas sus alegaciones.
Esta medida viene a complementar, tal y como recordó el consejero, los anticipos de la Política Agraria Común (PAC) solicitados a Europa y que se materializarán a partir del 16 de octubre, suponiendo una inyección de 220 millones. Asimismo, hasta el próximo lunes continúa abierta la convocatoria destinada a subvencionar el suministro de agua a la ganadería extensiva y semiextensiva, con carácter retroactivo desde el 1 de junio y un límite de 4.000 euros por solicitante.