Junta y sindicatos rompen por las 35 horas y habrá huelga de funcionarios

Y a las 48 horas se cumplió el peor de los presagios. La Junta de Castilla y León rompió ayer las negociaciones con los sindicatos al no querer alcanzar un acuerdo para recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos. Por primera vez, confirmaron los representantes sindicales, el Gobierno autonómico no cumple un acuerdo firmado por un Ejecutivo anterior de su mismo color político.

Tras una reunión que duró poco más de 20 minutos, el consejero de la Presidencia, Ángel Íbañez, y los directores y secretarios generales de Sanidad, Educación y Economía y Hacienda se levantaron de la mesa reiterando su «firme voluntad» de consenso «pero en ningún momento han puesto una alternativa sobre la mesa», expuso Raquel Fernández, secretaria de Acción Sindical del Sindicato Independiente de Funcionarios de Castilla y León (CSIF), quien calificó el encuentro de «nefasto».

Finalizó sin que las dos partes acercaran posiciones, lo que desató el malestar de los representantes de las centrales sindicales, que estuvieron respaldados a la salida por medio centenar de empleados públicos. Criticaron la actuación del Ejecutivo regional y aseguraron sentirse «amenazados e indignados» con su posición.

En este sentido, Tomás Pérez, secretario regional de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, fue más allá y deslizó que la despedida fue «tensa» y uno de los motivos podría ser el calendario de movilizaciones, que incluye una huelga general el 6 de noviembre, a la que están convocados más de 80.000 funcionarios de la región.

La Junta, en una nota de prensa, apuntó que seguirá trabajando para aplicar la medida y garantizar la «correcta prestación de los servicios públicos» a los castellanos y leoneses. Lo hará, subrayó, a través de «una modificación normativa en plena concordancia con la legalidad vigente». Asimismo, trasladó que las 35 horas volverán «teniendo en cuenta su estabilidad a futuro y siempre bajo la premisa de la equidad, garantizando que alcance a todos los empleados públicos de la Comunidad».

Raquel Fernández lamentó que el Gobierno autonómico utilice los números para no recuperar un derecho. Es más, añadió que ha eliminado el Impuesto de Sucesiones, que supondrá a las arcas públicas más de 200 millones de euros. «Lucharemos hasta el final para hacer cumplir lo firmado», incidió la representante de CSIF para, a continuación, añadir que Ibáñez sí que confirmó que seguirá la negociación de la carrera profesionales, el concurso permanente y la oferta de empleo público.

Rosa Arribas, coordinadora del Área Pública de CCOO de Castilla y León, se sintió «decepcionada» por las amenazas de la Junta. En esta línea, destacó que «el peor momento» fue cuando el consejero de la Presidencia leyó una carta de Carlos Fernández Carriedo que envió al Ministerio de Hacienda hace un mes en la que preguntaba «si les pagarían las entregas a cuenta si aceptaban aplicar las 35 horas y, por tanto, reducir el gasto». «Quieren culpar al Gobierno», zanjó Arribas en declaraciones a Ical. De hecho, Pérez indicó que las sensaciones del martes eran otras y «nunca» pensaron que fueran a incumplir el pacto. «Puede ser por las elecciones generales».

El médico y sindicalista de UGT Miguel Holguín matizó que el 5 de septiembre una directora general de Función Pública confirmó a los sindicatos que se prorrogaría la jornada estival hasta que se hiciera el cambio normativo. «Nos dijeron que no lo publicásemos. No entendemos que ha podido pasar en este tiempo», señaló. «Mañueco está missing, –prosiguió– solo acude a desayunos informativos en Madrid y a entregas de premios».

Esta ruptura entre la Junta y los sindicatos del sector público puede tocar a la joya de la Comunidad: el Diálogo Social. «Confío en que no afecte, sin embargo, parece que la sensación de desprecio a una parte supone que se está despreciando a todos. Muestra poca empatía con la sociedad civil a través de los sindicatos mayoritarios», aseveró Arribas.

Este paso hacia atrás, según expuso Raquel Fernández, ha supuesto que varias personas que iban a empezar a trabajar el martes ya no lo hagan. «Les han llamado para rescindir los contratos». Una situación que ya vivieron en 2012 cuando entró en vigor las 37 horas y media. No obstante, Pérez estimó que con las 35 horas «la calidad de los servicios públicos ha sido excelente».

Las movilizaciones comenzarán a partir del jueves con una petición de reunión con los delegados territoriales y concentraciones a las puertas de las delegaciones territoriales de la Junta. También habrá una manifestación autonómica el día 17 de octubre, y un parón de dos horas y media en los centros de trabajo el 25 de octubre.