La jueza de Valladolid cree que el TSJ debe juzgar al vicepresidente de la Junta en el caso de amenazas
El Juzgado de Instrucción eleva la causa al Alto Tribunal para que dictamine sobre la retroactividad del aforamiento de Igea
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Camino del TSJ. Hacia el Alto Tribunal de Castilla y León se encamina la causa contra el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, por amenazar a un compañero de partido.
La jueza de Valladolid entiende que en Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien tiene que juzgar a Igea, motivado por su aforamiento como procurador de las Cortes de Castilla y León y miembro del Ejecutivo autonómico.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid acaba de declararse no competente para investigar la denuncia por un delito de amenazas interpuesta contra Igea por un compañero de Ciudadanos. Algo que hace saber en un escrito que remite al Alto Tribunal castellano y leonés. «La titular del Juzgado ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para que sea la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal la que asuma la causa contra Igea, dada su condición de aforado», señala el comunicado remitido desde el gabinete de comunicación del TSJ. En la misma nota se explicita que «cuando el TSJCyL reciba la exposición motivada decidirá si se queda con el procedimiento o lo devuelve al juzgado instructor».
Lo que realmente quiere el Juzgado de Instrucción vallisoletano, y por eso eleva la causa en una actuación de oficio, es que el TSJ dictamen sobre si se aplica o no la retroactividad sobre el aforamiento del vicepresidente del Ejecutivo autonómico, según detalla las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, dado que Igea en el momento de producirse las supuestas amenazas denunciadas no era ni procurador ni diputado nacional.
Las mismas fuentes, señalan que todo hace prever que sí se aplique esa retroactividad en el aforamiento, dado la intencionalidad del mismo es que pueda producirse una «persecución política» por su condición de parlamentario.
Conviene recordar que es la Fiscalía de Valladolid quien sienta en el banquillo de los acusados al vicepresidente de la Junta de Castilla y León por supuestas amenaza un compañero de Ciudadanos.
El juicio, según el propio Igea anunció en su momento en una comparecencia en las Cortes, tendrá lugar el próximo 14 de octubre. La denuncia, en palabras del también portavoz de la Junta, viene de los días posteriores a conocerse el resultado de las primarias de Cs, en el que resultó ganador tras destaparse el pucherazo de 82 votos favorables a la ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.
«No me arrepiento de nada de lo hice por defender la integridad de mi partido y la voluntad de los militantes. No soy perfecto, nadie lo es», afirmaba entonces Igea, a la vez que matizaba que en el transcurso de la discusión que está detrás de la denuncia él advirtió que no toleraría «trampas» en el proceso de primarias.
Por último, Igea insistía que este asunto sólo afecta a su vida privada y no a su actividad pública, se defendía el número dos de la Junta, en su comparecencia ante los medios de comunicación instantes antes de comparecer en la comisión de las Cortes para explicar su acción de Gobierno.
Él mismo se adelantaba a desvelar este caso antes de que salte a la luz pública y después de rechazar el juzgado su archivo, algo que solicitaba el denunciado en dos ocasiones, en Primera Instancia primero y luego ante la Audiencia. Ahora el juicio, tras la elevación por parte del Juzgado de Instrucción número 5, parece encaminarse al TSJ de Castilla y León.
El también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior no desvelaba quién es la persona que le había interpuesto la denuncia, aunque según puede saber este periódico se trata del todavía hoy responsable de redes del partido en Valladolid y miembro de la ejecutiva provincial, Borja Collantes.
El vicepresidente de la Junta se limitaba a señalar, a preguntas de los periodistas, que «se trata de un militante que trabajaba en el partido y que apoyaba a la otra candidatura –en referencia a Silvia Clemente, sin citarla–». Los hechos, que motivaron la denuncia y que Igea enmarca en una «discusión interna», tienen que ver con las amenazas que supuestamente le habría proferido el vicepresidente de Castilla y León.